El Colegio de Abogados de Morón fue uno de los pocos cuerpos de profesionales que logró una medida cautelar en contra del DNU del presidente Javier Milei que busca desregular la economía y reformar a fondo el Estado. “Si queremos una civilización ordenada, tenemos que cumplir con la ley. Modificar, derogar en grandes cantidades leyes a tontas y a locas, simplemente en aras de la libertad, me parece excesivo”, explica el presidente de la institución, Jorge Frega, en una extensa entrevista brindada a No Ficción Web a pocos días de que el Congreso haya conformado la Comisión Bicameral que analizará la mega norma que intenta imponer el Ejecutivo.
El titular del CAM hace unos días hizo una presentación judicial que tuvo eco en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Morón, a cargo del juez Marcelo Gradin, quien dictó una medida cautelar y ordenó al Estado Nacional la suspensión inmediata de dos artículos del cuestionado DNU, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo.
“Sin justicia no hay ni economía, ni salud, ni desarrollo social. La justicia es la base de todo. No hay derecho que pueda funcionar si la organización social no lo respeta. Si la justicia no funciona, entramos en estado de guerra. No queremos eso, nadie lo quiere. El conflicto constante no suma”, insiste Frega, y completa: “Queremos evitar que la gente pierda sus garantías. Y la primera garantía que tiene la gente es un abogado”.
– ¿Por qué el CAM presentó está acción en contra del DNU?
– Se planteó la inconstitucionalidad del DNU respecto de las facultades que otorga al Ejecutivo para desregular distintas actividades de la economía, de los servicios, en todo el ámbito de la Nación, incluida la Provincia de Buenos Aires, que tiene una norma específica que es la de la Constitución Nacional y la de la Constitución de la Provincia, que dicen que las facultades que no fueron delegadas a la Nación siguen siendo de la Provincia. Entre las facultades que tiene la Provincia está la de regular, justamente, los servicios y los servicios profesionales, como la actividad del abogado y de la abogacía: sus honorarios, su colegiación, su organización judicial, la justicia, todo eso no está delegado a la Nación. Entonces, si una regulación de la actividad profesional, de alguna manera fuera dejada de lado por una resolución del Poder Ejecutivo Nacional, estaría afectando a estas facultades que no fueron delegadas a la Nación.
– Puntualmente, ¿qué artículos cuestionaron y por qué?
– El DNU es amplísimo pero tiene dos artículos, el 2 y el 3, que específicamente facultan al Ejecutivo Nacional a desregular la economía y a cualquier cosa que limite la libre circulación de bienes y servicios. En esencia, consideramos al artículo 2 de excesivo, porque inclusive puede avanzar sobre facultades no delegadas al Poder Ejecutivo, que tampoco puede legislar, ni tomar decisiones de tipo penal u otras tantas actividades que el DNU contempla, que en realidad no le son competencia natural, ni siquiera por DNU, aunque el DNU cumpliera los requisitos constitucionales de la Nación y de la ley que rige al DNU, que no es el caso tampoco.
– ¿Por qué se presentó en la Provincia?
– Es que se pretende la desregulación de todas las actividades que se ejercen en protección de la Provincia. Eso motivó que en vez de hacerlo en el Fuero Federal, como se han presentado todas las medidas de inconstitucionalidades y de amparo, lo hiciéramos en el Fuero de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires Contencioso Administrativo. Esto tiene una primera ventaja: el reconocimiento de una medida cautelar que impide el ejercicio de estas facultades del 2 y el 3 en la Provincia de Buenos Aires, por lo menos en lo que tiene que ver con la afectación de la profesión de abogado; y la segunda ventaja es que al reconocer la acción se le dio intervención a la Provincia de Buenos Aires, a través de la Fiscalía General, para que participe y dé su opinión sobre el tema, y se ha declarado competente y le ha dado traslado al Estado Nacional.
– ¿Qué implica la decisión de la justicia?
– Nos han dado legitimación como Colegio de Abogados al pedir el reconocimiento de los derechos vulnerados y vulnerables. Se expidió en una media cautelar, donde dijo que teníamos legitimación, que teníamos en principio una verosimilitud, como decimos técnicamente, o sea un principio de razón, y cree que hay urgencia porque claramente los DNU están saliendo en grandes cantidades y afectan a las profesiones. Dice que puede haber farmacias sin farmacéuticos, como si pudiera haber periódicos sin periodistas. Se afectan incumbencias que en realidad son locales, porque si el DNU dice de ahora en más puede haber farmacias en todo el país, puede estar Farmacity en todo el país, digámoslo con todas las letras, entonces le está diciendo a la Provincia usted no tiene competencia, yo puedo decidir sobre su territorio. Y en esto hay una urgencia en evitar en que esto pase y decirle al Estado Nacional, mire, acá no puede avanzar.
– ¿Qué hubiera cambiado si estos artículos del DNU estuvieran vigentes?
– El derecho también es prevención y basándonos en cómo se está manejando el Ejecutivo Nacional en muchos aspectos de la actividad social, económica, jurídica, nos motivó a pensar que íbamos a ser afectados inmediatamente. El decreto de por sí estaba diciendo de ahora en más yo puedo meterme en esto.
– ¿En qué le afecta a la gente?
– Primero y principal la organización de la abogacía en la provincia de Buenos Aires, que es una de las más antiguas del país, le ha garantizado el acceso a la justicia a mucha gente. La justicia no está en su mejor momento, los señores jueces, muchos amigos, muchos muy probos, a veces no gozan de los recursos, no gozan de la posibilidad de llevar adelante los procesos de la mejor manera, pero la verdad es que si no hay abogados que impulsan esto, si no hay una organización de abogados que impulse y defienda a los abogados, es muy probable que la justicia funcione un poco peor. Entonces, si queremos que mejore la justicia, tenemos que mejorar a los que permiten el acceso a la justicia, que antes que nadie, son los abogados. Entonces, si no cuidamos sus honorarios, con una ley que declara que hay mínimos que no se pueden modificar, el proyecto de Ley Ómnibus, entre otras cosas, proponía que no hubiera límites en los honorarios, que se pudiera pactar libremente por debajo de cierta escala. Sería lo mismo que en el derecho laboral se pueda contratar empleados por debajo de las escalas salariales.
– ¿Se sienten atacados?
– Todas estas actitudes que vamos viendo en el Poder Ejecutivo en todos los ramos y en todas las actividades, claramente va avanzando hacia nosotros. Y un ejemplo claro de esto es la misma Ley Ómnibus que tenía dos artículos que específicamente eliminaban los divorcios judiciales, los transformaban en administrativos y daban una alternativa de sucesiones por vía notarial o extrajudicial. Hay una búsqueda de ataque al ejercicio profesional del abogado.
– ¿Por qué el Ejecutivo hace esto?
– Hace muchos años que se cree que hay una dicotomía entre la economía y el derecho. Desregular no es la anomia. Desregular la economía no es dejar a la gente sin derechos. Son cosas distintas. La desregulación en la economía es tender a que el mercado se regule libremente. Está perfecto. Puede ser una salida y cada cual pensará económicamente cuál es la mejor. Pero eso no significa dejar a la gente sin ningún tipo de derecho. Porque si el mercado fuera a regularlo todo por la oferta y la demanda, nosotros lentamente no tendríamos derecho a nada. Y no hablo de derechos económicos o sociales. Hablo simplemente del derecho a contratar libremente. La verdad que esta idea de que hay igualdad absoluta entre las partes, entre dos personas que libremente contratan, no existe en ninguna parte del mundo. No es lo mismo una telefónica o un sistema de cable o una prepaga que yo individuo. No somos iguales. Ellas tienen un potencial económico. ¿Cuántas prepagas hay? ¿Qué fuerza tienen para manejar el mercado? ¿Qué posibilidad tengo de discutir con ellas? Entonces, el derecho está para equilibrar. El derecho también es igualdad. El derecho es igualdad de oportunidades. El derecho es equilibrio. No es solamente libertad. La libertad se garantiza con la ley.
– ¿Hay diálogo con el oficialismo?
– Desde el Colegio de Abogados de Morón y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, salimos desde el primer día a intentar hablar con cierta urgencia con los legisladores. También el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires tuvo una entrevista con el Ministro de Justicia de la Nación. Nos acercamos a explicarle al oficialismo que este no es el camino. Que más allá de las decisiones económicas, sociales, que pueda tomar el Ejecutivo, en la que nosotros no podemos tener injerencia, el camino de los DNU, la Ley Ómnibus que modifican cualquier cosa en forma totalmente variada y sin tener un marco de razonabilidad, no es la forma de resolver los problemas. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, pero la verdad es que no hemos tenido, desde el oficialismo, ninguna respuesta. Al contrario, como se ha podido ver en otros sectores, hay un redoble de apuesta, que no entendemos.
