La mayoría de los abogados considera sagrada las ferias de enero. Sin embargo, este año, con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, varios de estos profesionales debieron cambiar sus hábitos para estudiar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la denominada Ley Ómnibus que busca imponer el oficialismo, y plantea, a través de ambas medidas, modificar sus actividades circunstancialmente. El Colegio de Abogados de La Matanza (CALM) es una de las instituciones que alzó su voz en contra.
No Ficción dialogó con los principales referentes del CALM: su presidente Martín Rivas y el secretario general, Jorge Pérez; y con los directores departamentales de La Matanza en la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires: Gabriel Alejandro Picón Robredo, Gustavo Daniel Lorenzo y Andrés Ayale. Todos ellos coinciden que la reforma así planteada perjudicará la tarea de los profesionales sobre todo en lo concerniente a los procesos sucesorios y a los divorcios.
No Ficción: – ¿Qué piensan del DNU?
Martín Rivas: – Con respecto al DNU 70/23, como institución planteamos que era inconstitucional en cuanto a su forma. Consideramos, y eso fue ratificado también por una medida cautelar en el Fuero Laboral, que tendría que haber pasado por el cuerpo legislativo que es donde corresponde discutirlo. Estas reformas, en el caso del decreto 70/23, tiene una diversidad de derogaciones y de modificaciones en lo atinente a la abogacía. Hay ciertas reformas laborales o artículos que podemos discutirlos y queremos debatirlos, pero consideramos desde un principio que ese debate se tenía que dar dentro del Congreso Nacional. Tal es así que hace poquitos días salieron varios fallos, medidas cautelares de la Cámara Laboral, donde ratifica en sus considerandos lo que nosotros veníamos diciendo a través del Colegio, sin perjuicio de que tal vez sean necesarias algunas reformas dentro del Fuero Laboral, pero hay que discutirlas en el Congreso y con los actores también, porque no fueron consultados ni los colegios profesionales, ni las distintas pymes o centros de empresarios.
No Ficción: – ¿Y respecto a la Ley Ómnibus?
Martín Rivas: – Con respecto al proyecto de la Ley Ómnibus, que también modifica y deroga una gran cantidad de artículos, más de 600, de diversidad de temas, desde culturales hasta algunas cuestiones fiscales o de hidrocarburos. También hay puntos que modifican el Código Civil, que para nosotros dentro de la abogacía, entre la diversidad de modificaciones, lo principal es el tema de los procesos sucesorios y los divorcios administrativos que pretende en ese proyecto. Como institución estamos en contra, no desde ahora, sino hace rato, porque diversidad de proyectos con respecto a las sucesiones extrajudiciales, notariales, se han presentado hace ya más de veinte años, y eso se ha discutido mucho dentro de la colegiación, a nivel nacional, con distintos legisladores. Sobre los divorcios administrativos también hubo varios proyectos presentados en el Congreso en los que expusimos nuestro rechazo. No quiero ir tanto a lo técnico, por más que hoy como está presentado en el proyecto es inconstitucional, sino para que también entienda el ciudadano, ya que uno de los fundamentos son los costos en las sucesiones o los tiempos. Consideramos que con este proyecto va a ser más costoso para el ciudadano, porque va a pagar no solo al escribano, sino también al abogado, porque tiene que patrocinar a las partes; a lo que se suman los costos administrativos. Por lo tanto, consideramos que le va a salir más caro al ciudadano y respecto a los tiempos van a ser los mismos.
No Ficción: – ¿Fueron convocadas todas las partes implicadas?
Martín Rivas: – No fueron convocados los profesionales, ni otros actores involucrados, para discutir y debatir estos temas que, insisto, se vienen debatiendo en este ámbito hace más de 20 años. Sin entrar en la constitucionalidad o la función que cumple la justicia y el juez en el proceso sucesorio o en el de divorcio, como Colegio rechazamos esos dos proyectos. Ahora estamos trabajando en el proyecto que está en el seno del Congreso, conversando con muchos legisladores de distintos bloques a nivel personal, pero también en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) y la Federación Argentina de Colegios Abogados (FACA). Entre todos estamos justamente debatiendo y explicando los fundamentos jurídicos de por qué nos oponemos. Esperemos que los legisladores escuchen y que salga lo mejor pensando en el ciudadano.
No Ficción: – ¿Cómo afectaría a los derechos laborales?
Andrés Ayale: – Nos gustaría dejar asentado como algo negativo el avance que hace el proyecto en cuanto a eliminar las leyes laborales, las multas para el trabajo sin registrar o deficientemente registrado. Entendemos que eso alienta a la no registración laboral. Como dijo nuestro presidente del Colegio, el Dr. Rivas, no se dio una discusión en el ámbito correspondiente que es el Congreso Nacional, ni se convocó a todos los sectores para analizar un proyecto serio y poder establecer un cambio, o no, de la legislación laboral actual. También rechazamos la Ley Ómnibus en cuanto a la participación de las sucesiones notariales y los divorcios administrativos. Toda la abogacía organizada, ya sea de la FACA, COLPROBA, el CALM y por supuesto, nosotros como integrantes de la Caja de Abogados nos unificamos en contra. En cuanto a lo laboral, reiteramos que no es la forma y entendemos que esto perjudica más al trabajador y vulnera más sus derechos.
No Ficción: – ¿Las reformas son necesarias?
Gustavo Daniel Lorenzo: – Creo que no es una negativa o una oposición caprichosa la que está haciendo esta institución. Entendemos que es necesario hacer reformas en distintos aspectos, ya sea Laboral, Civil, Comercial, pero creo que es sustancial que todos los que participamos día a día y que vivimos de nuestra profesión, y que conocemos toda la problemática del justiciable, nos escuchen. Porque a través de escucharnos vamos a lograr que el sentido común prevalezca sobre los, a veces, apresuramientos que no llevan a soluciones sino a situaciones conflictivas. Y que en definitiva nos terminan perjudicando a todos.
Jorge Pérez: – Creo que es importante hacer mención, en esto tenemos un consenso generalizado desde el Colegio, que entendemos tanto al DNU como la ley Omnibus, en algún grado como un sentido de persecución respecto de los abogados, sin dejar de comprender que los abogados son trabajadores de a pie, más en nuestro distrito, en La Matanza, donde la mayoría de los matriculados hace un esfuerzo enorme por llegar a pagar su matrícula, a poder salvar o atender necesidades de los justiciables, de un vecino, de un amigo. El abogado promedio en nuestro distrito hace un esfuerzo enorme para lograr reunir todas esas condiciones y lograr llevar justicia a esa familia o a ese amigo, o a ese vecino que tiene en el barrio y de repente nos parece a nosotros que esta Ley, genera una persecución respecto de la abogacía en general, atacando incumbencias que son importantes y son relevantes. Esto no es de ahora, pero esta bandera la vuelve a tomar esta gente, el presidente en particular, y consideramos que detrás de esto hay una cuestión ideológica sustancial que el Colegio debe velar y debe luchar por estas incumbencias que hacen a la tarea cotidiana de un trabajador común y corriente, como es un profesional independiente, como es un abogado, que representa en este caso el Colegio como organización.
No Ficción: – A esta altura del año los abogados no suelen tener tanto movimiento…
Gabriel Alejandro Picón Robredo: – En relación al DNU y a la Ley Ómnibus, en lo que nos atiene a nosotros los abogados, desde el Colegio, desde el primer día, ingresamos en una sesión permanente, junto con todos los Institutos y toda la parte de Secretaría Académica, para analizar cada punto en cuestión. De hecho, al día siguiente a la presentación del DNU, el Colegio manifestó su rechazo, planteando la inconstitucionalidad, así como también el rechazo a las sucesiones administrativas y divorcios administrativos, ya que entendemos que es fundamental la participación tanto del abogado como del juez, como órgano natural para la disolución de esos conflictos. Es claro que en los temas de sucesiones y divorcios interviene la familia, intervienen distintas personas con distintas características y posibilidades. No es lo mismo alguien que pueda determinar resolver un conflicto familiar sin tener en cuenta la participación de los hijos, en el cual interviene un asesor de menores que vela por sus derechos, y en el caso de un divorcio administrativo, eso no sucedería. Por lo cual, nos encontramos acá, analizando todas estas cuestiones y tratando de velar por las incumbencias de nuestros matriculados, tanto nosotros, como desde la Caja de la Abogacía, como el Dr. Rivas como presidente de la institución para defender tanto a la abogacía como lo mejor para la ciudadanía.
No Ficción: – ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Martín Rivas: – Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los colegas, nuestros matriculados, creamos un mail justamente y una comisión especial para el estudio tanto del decreto como de la Ley Ómnibus, para todo aquel que quiera participar. Ya lo difundimos por nuestras redes, pero también aprovecho por este medio que es dnu7023@colegiolamatanza.com y nosotros desde el Colegio nos vamos a estar comunicando con todo aquel colega que quiera participar y abocarse en esta Comisión que está estudiando no solo los distintos proyectos presentados en las mismas, sino también pensando cualquier tipo de acción que tengamos que hacer como institución y como abogados de forma particular.
