Luego de la temeraria protesta policial, la Bonaerense protagonizó un brusco giro territorial en La Matanza: en la última semana desalojó dos toma de tierras en San Justo y Ciudad Evita, y hasta aplicó una impensada represión en una manifestación por la muerte de Tahiel Contreras, en Gregorio de Laferrere. Los tres episodios llaman la atención tras la actitud pasiva que tuvo la fuerza durante un julio y agosto plagado de usurpaciones.
La peor cara de este nuevo escenario se ratificó el lunes por la noche, cuando agentes reprimieron a allegados de la familia del nene de seis años que murió atropellado en el marco de una picada callejera. “Estábamos tranquilos en la manifestación y empezaron a reprimir con balas de goma y gases”, relató uno de los manifestantes. Ya de noche y rozando las 20 horas, los uniformados comenzaron a desalojar la Ruta 21, que los vecinos mantenían cortada, en una escena que hacía mucho tiempo que no se veía y que generó rechazo por tratarse de una protesta por un chico fallecido.
Manuel Trufó, director del sector Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habló al respecto con No Ficción y expresó que “estas cosas sucedían antes. Al volver a sus tareas, la policía retoma este tipo de actividades. Hay también una responsabilidad política en no habilitar otros canales para tramitar el conflicto social”.
Consultado por este medio, Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza fue contundente sobre el cambio de actitud de la policía: “luego de que la Bonaerense consiguió el acuerdo salarial, (el ministro de Seguridad) Sergio Berni dio la orden y dijo: ahora vamos con todo; vamos a demostrar que con un poco más de plata le vamos a meter plomo a los negros“.
Ayer nuevamente en Laferrere se vivieron momentos de tensión cuando allegados a la familia de Tahiel prendieron fuego una garita policial que se encontraba justo en la zona del hecho. Si bien los dos principales acusados de la muerte del menor ya habían sido detenidos, aún persistía la bronca. Esta vez, y ante la llegada de la Infantería, los manifestantes decidieron levantar la protesta.
EL GIRO PREVIO: LAS TOMA DE TIERRAS
En la última semana hubo otro dos casos donde la policía reprimió en La Matanza: el viernes por la noche en una toma de tierras en Ciudad Evita y este lunes en Villa Palito. Desde la Junta Vecinal San Justo, que se oponen a las usurpaciones, expresaron a este medio que “esta vez, por suerte, la policía actuó rápidamente y logró impedir la toma”. El mismo terreno ya había sido noticia en las últimas semanas por una ocupación protagonizada por unas cien personas.
“Hablamos con el nuevo comisario y nos dijo que esta toma estuvo alentándose desde la noche anterior, que él en persona estuvo ahí desde las 12 de la noche. Nos dijo que habló con sus superiores y organizaron un operativo en conjunto con infantería para que la gente no avance”, contó la misma fuente. Sin embargo, para el especialista del CELS esa salida del conflicto es la menos recomendable: “Las tomas son conflictos sociales y requieren un canal político para ser tramitado”.
Para Trufó, la principal responsabilidad es política. “Como hay una demora muy grande en la resolución política de estos conflictos, lo que aparece es el uso de la herramienta estatal punitiva. En ese punto, hay una debilidad política que no se la endilgaría directamente a la policía. Después, sí hay situaciones de mucha violencia por el uso de armas, repitiendo cosas que suceden en otros lugares”, apuntó y ejemplificó: “las balas de goma se usan de manera indiscriminada y pasan cosas como las de Ciudad Evita, donde hay una chica con un perdigón en el ojo”.
El último fin de semana, en la Reserva Natural de dicha localidad tuvo lugar un violento desalojo que la Policía Bonaerense realizó a unas 100 familias que intentaron tomar la zona. En esta oportunidad, los ocupantes denunciaron que los agentes reprimieron con balas de goma e incendiaron sus pertenencias. Hubo al menos cinco heridos y 15 detenidos; entre ellas, una joven que tuvo una seria lesión en un ojo producto de una bala de goma.
Ambos casos demuestran que en la Fuerza algo cambió. Lejos está la mirada pasiva que hubo ante las tomas del barrio Los Ceibos y las que se vivieron en la Cooperativa El Palmar, donde la Fiscalía no dio la orden de desalojo pero la fuerza tampoco actuó en flagrancia. Para Pimentel “no fue el fiscal (Fernando) Garate quien mandó a reprimir en Ciudad Evita; hay que preguntarse quién dentro del Municipio (de La Matanza) ordenó esa represión que le costó un ojo a Jenifer Lizarraga”
Sobre las tomas en particular, Trufó evaluó: “El tema tomó tanta relevancia que hoy los intendentes tratan de evitar a toda costa que siga creciendo”. Sobre la responsabilidad de los jefes comunales, el especialista advirtió que escapa a la capacidad de acción de los mismos. “Hay una serie de problemas estructurales de la provincia, vinculados a la seguridad y el hábitat, que exceden a los intendentes. No tienen los resortes jurídicos para hacerse cargo del tema”.
REPRESIÓN SEGUIDA DE BERNI EN CONTRA DE LOS DDHH
Al mismo tiempo que la Bonaerense reprimía, Berni avanzó en contra de los organismos de DDHH: “Los funcionarios que trabajan en Derechos Humanos tienen los sueldos más altos y no aportan nada, son puro bla bla, no están acostumbrados a trabajar a las 7 de la mañana”. Sobre este punto tanto Pimentel como Trufó fueron claros.
“Esta es la policía de Sergio Berni. Es una fuerza policial conducida por un soldado que está haciendo campaña propia. Estamos en medio de una contienda electoral que se vale de todo lo que tengan a mano. Es un intento de recuperar parte de los votos que fueron para Macri el año pasado”, expresó el titular de la APDH La Matanza.
Por su parte, Trufó opinó: “Hay un sector político que expresa Berni que claramente busca construir poder y legitimidad a partir de este tipo de mensaje. Es algo similar a lo que ocurrió con Patricia Bullrich: contraponerse a los organismos de DDHH, elegirlos como adversario político en la disputa. Lo preocupante es que usar estas herramientas va en detrimento de una política de seguridad seria y democrática”.
