La toma de tierras en el barrio Los Ceibos, en la localidad de González Catán, es emblemática porque reúne una serie de injusticias históricas: hace diez años el Estado proyectó la construcción de 240 casas para paliar la crisis habitacional, pero en 2014 quedaron abandonadas. Desde entonces, el lugar es usurpado por personas que buscan un techo, quienes intermitentemente son desalojados y vuelven a la carga. Mientras, en la vereda del frente, los vecinos dicen tener miedo, hacen denuncias, pero sienten que no son escuchados.
Este domingo se van a cumplir dos semanas de que cientos de familias usurparon las casas abandonadas y un predio en el cruce de las calles Conde y Zelada, de la mencionada localidad del partido de La Matanza. Todo comenzó el 23 de agosto, y desde ese día la zona está militarizada con Gendarmería y la Policía Departamental. No está claro para qué: algunos vecinos creen que a la espera del desalojo, otros para evitar desmanes, pero fuentes judiciales aseguraron a No Ficción que al no haber actuado las Fuerzas en un primero momento, ahora un operativo podría terminar en desastre.
El desencuentro entre la Gendarmería, la Bonaerense y la Justicia en el caso Los Ceibos puso de manifiesto una vez más la tensión entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par de la Provincia, Sergio Berni. Mientras la funcionaria primero dijo que las tomas no eran un tema estrictamente de seguridad; Berni no para de repetir que va a defender la propiedad privada. La tensión fue tan alta, que el gobernador Axel Kicillof debió salir a decir que consideraba ilegales estas usurpaciones.
La fuente judicial explicó que por la cantidad de personas, los gendarmes se vieron sobrepasados y en conjunto con las fuerzas policiales locales no supieron cómo debían proceder, y le dieron intervención al Juzgado. “Las fuerzas de seguridad debían haber actuado en flagrancia. No necesitaban ninguna orden”, aseguró el funcionario.
DESDE ADENTRO: NECESITADOS Y NEGOCIADOS
Los que entraron a las casas semi construidas (y vandalizadas) pusieron lonas en las ventanas y los techos, y duermen como pueden en colchones sobre la tierra. Los que no encontraron ni siquiera eso, delimitaron un terreno lindero e improvisaron una carpa. Así resisten hace catorce días, acompañados, con el alivio de que los más chicos comen por la copa de leche que organizaron entre todos.
“Tengo una nena de 4 meses, no tengo casa, no tengo laburo, estoy acá por ella. Ojalá se nos dé”, dijo Fernando, un joven veinteañero mientras trabajaba con un pico y una pala en una estructura sin techo que tenía como único mobiliario un carrito de bebé. El testimonio, extraído de uno de los tantos videos de la toma, reflejó la necesidad desesperante de los que no tienen nada en pandemia.
Para peor, en la toma de Los Ceibos ya estuvieron supuestos dueños de los lotes ofreciendo en pesos un capital que en todos los puntos de Argentina se vende en dólares. Lo hacen cara a cara y también en el Grupo de Facebook Barrio Los Ceibos, González Catán: “vendo terreno, 90 mil pesos, hablen por privado”, dice uno de los posteos. Estos mensajes se multiplican.
DEL OTRO LADO
Los vecinos están preocupados. Ven que se cumplen dos semanas y la toma continúa. “Hay gente que cuenta que pagaron el terreno a un abogado y recibieron un pagaré, pero cuando le reclaman les dicen que lo que le dio fue un asesoramiento, no las casas, juegan con la necesidad de las personas”, contó Miriam a No Ficción.
“La Gendarmería sigue cuidando, supuestamente esperando la orden de desalojo, pero ya no sabemos qué pensar, llamamos a la Fiscalía (Nº 1 de Laferrere) pero está cerrada por Covid-19. Estamos con miedo porque no sabemos en qué puede desencadenar esto”, graficó la vecina. David, su marido, es abogado, y tras varios años de tomas se interiorizó en el detrás del conflicto.
“Este barrio se comenzó a construir cuando la Corte Suprema ordenó el saneamiento del Riachuelo. En el plan, la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y los municipios hicieron obras fluviales y otros se ocuparon de reubicar a la gente. Estas casas estaban destinadas a eso”, contó el vecino, quien además precisó: “estaba detrás la empresa FORENSA S.A., que paralizó la obra en 2015 y la cuido hasta diciembre del 2018”.
UN CEMENTERIO DE VIVIENDAS
Hoy la causa por la toma la lleva el Juzgado Federal 1 de Morón por tratarse de unas tierras dispuestas por un órgano autárquico como Acumar. La directora de ordenamiento territorial del organismo, María Laura Rey, explicó a No Ficción que “la obra se empezó a ejecutar en el 2014-2015 y fue paralizado en 2017. Desde ese momento hasta ahora estaba paralizado, con una ejecucción de obra del 30% de las viviendas”.
Fuentes judiciales explicaron a este medio “en 2019 ese lugar fue tomado por un grupo de familias pero se desactivó rápidamente, y a partir de ese momento hay una mínima custodia permanente de Gendarmería”. La versión que manejan los investigadores es que ahora los usurpadores serían familiares y allegados de quienes fueron adjudicados en la primera etapa del barrio.
¿Pero habrá una solución definitiva? La directora de ordenamiento territorial de Acumar, explicó a No Ficción: “estamos tratando de negociar con las familias por parte del municipio para que desocupen las viviendas y se anoten en un listado para un nuevo emprendimiento, ya que el ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat ofreció poder financiar otro grupo de viviendas. Estas viviendas estaban pre-adjudicadas le corresponden a las familias que estaban nombradas”.
En lo profundo del conurbano, en González Catán, hay un predio que debía solucionarle la vida a la gente, pero hoy se convirtió en uno de esos escenarios que el Estado abandonó y hoy son ocupados por los especuladores y las necesidades de las personas. Hace dos semanas que no hay respuestas: ni para los que sueñan con un techo propio, ni para los que lo tienen y temen un desborde.
