Los jueces Mariela Moralejo Rivera, Raquel Renée Lafourcade y Diego Bonanno, denunciaron a su colega José Russo, el titular de la Cámara de Apelación Civil y Comercial, por arbitrariedad, persecución y abuso de autoridad. Los magistrados respondieron así a un oficio enviado esta semana por Russo, quien en su carácter Superintendente, les pidió que por la “escasez de personal policial de seguridad”, “el retiro del personal de mantenimiento” y “el cierre de los portones de los ingresos”, se “disponga que la actividad del Juicio Oral no se extienda más allá de las 18:00″.
La solicitud de Russo se reforzaba con la advertencia vía correo electrónico de que los playones de estacionamiento de los tribunales “cerrarán indefectiblemente de lunes a viernes a las 18:30, para aquellos que estiman quedarse trabajando después de ese horario deberán avisar a la Delegación de Intendencia con suficiente anticipación para poder retirar el vehículo”.
La respuesta de los integrantes del TOC Nº 3 fue en duros términos. El juez Bonanno aseguró que “más allá de releerlo una y otra vez (el oficio), no logro salir de la perturbación que me provoca su texto, o para ser más exacto, “la orden impartida”, porque ella conlleva la vulneración del precepto más sagrado que un magistrado debe tener, esto es el ejercicio de la jurisdicción” entendiendo que Russo no tenía competencia para realizar tal pedido.
Bonanno aprovechó la oportunidad para recriminarle a Russo de que había escrito mal el nombre de su colega Moralejo Rivera, lo que consideró “una flagrante descortesía”. En igual tono, el juez del TOC 3 calificó como “un menosprecio” al dirigirse al proceso como “el juicio oral”. “A él no le importa de quien se trate, ni que dicho debate garantice para los imputados el fin a la incertidumbre que sus estados procesales arrastran desde hace más de 5 años, tampoco pudo llamar a la víctima por su nombre, ni soslayar que ella también requiere de un pronunciamiento para descansar en paz”, agregó.
En ese sentido, el magistrado le puso el número 2558 a la causa y le recordó que la víctima es Candela Rodríguez (la nena de 11 años secuestrada el 22 de agosto de 2011 a media cuadra de su casa, en Villa Tesei, Hurlingham, y que tras nueve días desaparecida, su cadáver fue descartado en un basural al costado de la Colectora de la Autopista del Oeste) por cuyo crimen están sentados en el banquillo de los acusado Hugo Elbio Bermudez, Leonardo Daniel Jara y Fabián Gabriel Gómez.
Para destacar que no se trata de un juicio más, desde el TOC 3 enumeraron que la Fiscalía General y la Defensoría General de Morón pusieron a disposición del proceso a tres fiscales y tres defensores oficiales; que tres veces por semana se utiliza la Sala “Fermín Parera”, que es la única del edificio con capacidad para más de 50 personas; y que el tribunal está dedicado exclusivamente a la resolución de este caso.
Además, mencionaron que la Suprema Corte de Justicia bonaerense reforzó al TOC 3 con personal temporario para que no se venzan los plazos procesales de las causas en trámite y mencionaron la presencia de veedores de la Procuración bonaerense y del Colegio de Abogados de Morón en el juicio.
Bonanno, a su vez, especificó que de las doce audiencias realizadas hasta el momento, sólo la mitad se extendió más allá de las 18 y que declararon 56 testigos, algunos de ellos por más de 3 horas. “Vale recordar que 3150 testigos han sido ofrecidos originalmente”, señaló, al tiempo que subrayó que del debate ya se desprendieron más de 10 investigaciones nuevas.
“Ni antes, ni ahora”, el TOC 3 requirió de más policías o que el personal de maestranza permaneciera en el lugar añadió el juez, quien se explayó también sobre uso del estacionamiento oficial. En este punto el magistrado remarcó que es utilizado por una de las juezas del tribunal y el cuarto juez suplente que se sumó al TOC 3 pero aseguró que ninguno de los dos “entorpecieron el horario de cierre del mismo, soy testigo de cómo todos los días de audiencia, en el primer cuarto intermedio de la tarde, retiran sus vehículos para no causar trastorno alguno”.
“No hay norma que permita al presidente de la Cámara Civil y Comercial, arrogarse la facultad de adentrarse en un proceso penal con facultades jurisdiccionales”, indicó Bonanno y concluyó: “Su desconocimiento fáctico e ignorancia jurídica sobre el proceso penal en general y “el juicio oral” en particular lo llevan a tan ilógica determinación. Me pregunto cómo operaría “el indefectiblemente a las 18:00 horas”, en que momento debería acallar la voz de las partes cuando estén haciendo uso de la misma, o la del imputado, o la de un testigo”.
Las juezas Mariela Moralejo Rivera y Raquel Renée Lafourcade se sumaron al planteo de Bonanno y acusaron a Russo de haber violado el artículo 248 del Código Penal que contempla de un mes a dos años de prisión y hasta cuatro años de inhabilitación especial del funcionario público por haber dictado una resolución u orden contraria a las leyes.
