La novela que gira en torno al aeropuerto de El Palomar parece no tener fin. La semana pasada, la jueza Martina Forns emitió una resolución en la cual, por un lado, admitió que las mediciones de ruido del aeropuerto superan los límites máximos admitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, por el otro, supeditó la decisión de la clausura a futuros estudios técnicos.
Esta resolución fue tomada como un triunfo por las aerolíneas low cost Flybondi y Jet Smart, que operan en El Palomar, al considerarla como una solución de fondo al conflicto.
Sin embargo, desde el colectivo Stop Flybondi No al Aeropuerto trucho del Palomar –que nuclea a vecinos que luchan contra el uso comercial del aeropuerto desde 2017- tienen una mirada divergente. El abogado del colectivo, Lucas Marisi, apuntó: “No hay nada definitivo. Esto recién empieza. Todavía se tiene que pronunciar la Corte Suprema”.
El más alto órgano de justicia del país tomó el caso en 2019 y exigió al gobierno una evaluación de impacto ambiental. “El macrismo nunca la presentó y la Corte tiene que resolver”, aseguró Marisi.
En ese marco, la resolución de la jueza Forns es, según el letrado, “contradictoria” y con la intención de “patear la pelota para que resuelva Nación o la Corte”.
Forns realizó en su momento un pedido de informe ambiental a Aeropuertos Argentina (AA) 2000 –que por otra parte en abril último dio un giro inesperado y pidió el cierre del aeropuerto-. El mismo arrojó como resultados que los niveles de ruidos emitidos son mayores a los permitidos por la OMS. En la última resolución, Forns desestimó esas mediciones por considerarlas parciales, pero al mismo tiempo no ordenó nuevas mediciones.
Al respecto, Marisi advirtió: “Vamos a apelar porque la resolución no tiene pies ni cabeza. AA 2000 es parte demandada y sus informes dieron mal; es decir, a confesión de partes, relevo de pruebas”.
Guillermo Jorge, Doctor en Física de la Universidad de Buenos Aires e Investigador Independiente del CONICET, dio su opinión a este medio. “Queda claro que la operación a gran escala del aeródromo de El Palomar es incompatible con la estructura urbana de la zona, más cuando se establece un escenario probable de 300 operaciones diarias en el corto plazo (número consignado en el fallo de la jueza Forns y atribuido a la OPDS)”.
“Tanto mis propios informes como los informes del Laboratorio de Acústica de la UNTREF han señalado que para un nivel incluso bajo de operaciones diarias (que ya se dieron durante todo 2019) existe un impacto sonoro apreciable sobre la población circundante. Los niveles máximos de ruido recomendados por la OMS (55 dB diurnos y 45 dB nocturnos) ya se encuentran sobrepasados, como se consigna correctamente en el fallo de la justicia federal”.
La pata política
El funcionamiento de la Base Militar como aeropuerto comercial está íntimamente ligado al macrismo y la mentada “revolución de los aviones”, que pretendía colocar a las low cost en el centro de la escena. El nuevo gobierno, en tanto, tiene otra mirada. El ministro de Transporte, Mario Meoni, dejó en claro que el objetivo es reforzar los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, contexto en el cual no ve la necesidad de invertir en El Palomar.
Si bien a nivel nacional la cosa parece juzgada, a nivel local es diferente. Sobre el aeropuerto, tienen responsabilidad política los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de Hurlingham, Juan Zabaleta, y de Morón, Lucas Ghi. En mayor o menor medida, según pudo saber este medio, los tres están interesados en que el aeropuerto funcione, aunque sea con restricciones.
“Los tres intendentes tienen un interés en llegar a una punto de acuerdo para ver que siga funcionando, con las respectivas mejoras”, dijo a No Ficción una fuente del municipio de Morón, y agregó: “Hay una reunión pendiente entre los tres jefes comunales para tratar el tema y va a ocurrir pronto”. En caso de no poder llegar a un acuerdo, “hay una mirada muy fuerte en la protección de los puestos de trabajo”.
“Desde Tres de Febrero respaldamos su trabajo (en referencia a los empleados) y también al aeropuerto que brinda oportunidades y trae progreso en todo el país. No podemos permitir que en el difícil contexto actual se cierre la fuente de empleo de miles de familias y se desactiven las zonas comerciales y las economías regionales”, señaló Valenzuela al respecto.
Sobre la situación de los trabajadores del aeropuerto, el abogado Marisi afirmó: “Las low cost no querían pagar las tasas aeroportuarias de Ezeiza y Aeroparque, pero AA 2000 ofreció que paguen lo mismo que pagan en El Palomar. Por tanto, podrían operar tranquilamente en otros aeropuertos y la gente seguir trabajando ahí. Hay también una manipulación de las empresas porque hubo marchas de supuestos trabajadores que después se supo que no eran trabajadores y eran llevados por el macrismo. Es parte de las fake news que han llevado”, finalizó.
