El máximo tribunal reclamó al Gobierno que presente los informes de impacto ambiental con los que lograron la autorización para el uso comercial de los vuelos low cost en el polémico Aeropuerto de El Palomar. Lo hizo luego de que Macri presentara el primer vuelo de JetSmart, la segunda aerolínea que funcionará en ese lugar.
El requerimiento judicial, que fue firmado por Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, está dirigido a la cartera de Transporte, al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El plazo es de 30 días hábiles, por lo que el reloj corre al Gobierno nacional.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según la Ley General de Ambiente, es obligatoria para la apertura de cualquier emprendimiento de grandes proporciones. Este informe es el que reclamaban los vecinos que iniciaron la causa de la mano del abogado Lucas Maresi, y el que ahora reclama la Corte.
Desde el Ministerio de Transporte le bajaron el tono a la demanda, y dijeron que solo se trataba de “un pedido de información”. Lo que se estima es que Guillermo Dietrich se apoye en el fallo del 28 de diciembre de la Cámara de San Martín, que dio por cumplido el principio precautorio de la Ley General de Medio Ambiente con algunas obras que habían realizado.
El sinuoso camino judicial
La causa de los vecinos se inició con un amparo presentado en noviembre de 2017 ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Forns. Allí denunciaron que se vería “afectado su derecho a vivir en un medio ambiente sano” por la contaminación acústica y atmosférica que generaría el uso comercial del aeropuerto.
En ese momento, Forns emitió una medida cautelar, que canceló temporalmente todas las operaciones del aeropuerto bautizado por el propio presidente como el lugar fundacional de la “revolución de los aviones”. Sin embargo, el Ministerio de Transporte logró levantarla con restricciones sobre la cantidad de vuelos.
Finalmente, tras realizarse una audiencia pública y varias obras requeridas, el Gobierno consiguió el desbloqueo total de la medida cautelar, lo que derivó en su puesta marcha, algo que, por estas horas, podría estar en duda.
