El soterramiento del tren Sarmiento es una obra caracterizada por los problemas políticos, legales y económicos que la rodean. Para evitar un juicio multimillonario, el gobierno Nacional planea reactivarla; tal vez, en formato de viaducto.
La obra está paralizada desde 2018, cuando producto de la crisis cambiaria el gobierno de Mauricio Macri decidió frenarla. Desde la asunción de Alberto Fernández, desde Nación decidieron incluirla en una serie de proyectos que fueron dados de baja producto de los altos costos, respondiendo a la misma crisis económica. Sin embargo, desde el ministerio de Transporte advirtieron que una cláusula incluida por el ex titular de la cartera, Guillermo Dietrich, puede derivar en un juicio que le cueste al Estado más de 350 millones de dólares.
La nueva cláusula fue agregada un mes después de las PASO que cambiaron el rumbo político del país. Se trata de la resolución (394/2019), que incluyó un presupuesto a cargo del Estado por USD 1.200. Si se rescinde el contrato, las empresas a cargo del proyecto, Ghella y SACDE (unificadas transitoriamente en UTE), podrían iniciar acciones legales y quedarse con al menos el 30% de ese jugoso contrato.
Esto encendió las alarmas en el Gobierno, que comenzó a barajar para dar de nuevo. Las posibles soluciones más viables serían dos: intentar negociar con los gobiernos de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires para que se hagan cargo de al menos una parte de los costos o bien convertir el tramo que falta en un viaducto.
La obra ya tiene realizados 8 kilómetros. Faltan 16 km, que unen Caballito con Castelar. Según informó Clarín, se calcula un costo de USD 166 millones por km, para soterrar, y USD 30 millones por km, en formato de viaducto.
El soterramiento, anunciado durante la presidencia de Néstor Kirchner, lleva apenas un tercio de obra realizada, luego de 4 gobiernos. Además, la misma estuvo varias veces ligada a la corrupción, tal como lo afirmó en su momento Leopoldo Moreau.
