La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó un fallo clave que reconoce a los repartidores de aplicaciones de delivery como trabajadores en relación de dependencia. La decisión no solo confirma multas millonarias contra empresas del sector, sino que también impacta de lleno en distritos del oeste del conurbano, donde esta actividad creció fuerte en los últimos años.
El máximo tribunal provincial rechazó los planteos de Rappi Argentina y PedidosYa (bajo la razón social Repartos Ya), que buscaban sostener que los repartidores eran trabajadores autónomos. De esta manera, quedaron firmes las sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo bonaerense tras detectar irregularidades laborales.
Un conflicto que viene desde 2020
El caso se originó a partir de inspecciones realizadas durante 2020 por la cartera laboral provincial, donde se relevaron múltiples incumplimientos. Entre ellos, falta de registración, ausencia de aportes, salarios por debajo del mínimo y carencia de cobertura ante accidentes.
Según esos controles, la gran mayoría de los repartidores trabajaba sin ningún tipo de protección social, una situación que también se replica en municipios del oeste como Morón, La Matanza y Tres de Febrero.
A partir de esos datos, el Ministerio avanzó con sanciones basadas en la Ley de Contrato de Trabajo, que presume la existencia de relación laboral cuando hay prestación efectiva de servicios.
Qué tuvo en cuenta la Corte
En su resolución, la Corte bonaerense dejó en claro que no importa cómo las empresas definan el vínculo —“colaborador” o “independiente”— sino cómo funciona en la práctica.
Los jueces señalaron que las plataformas organizan el trabajo mediante aplicaciones que asignan pedidos, fijan tarifas y aplican sanciones. Ese esquema, remarcaron, configura una relación de dependencia por la existencia de subordinación económica y técnica.
También respaldaron el rol del Estado para controlar estas condiciones, validando las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo.
Multas millonarias y revisión parcial
Con este fallo, quedó firme una multa superior a los 16 millones de pesos contra Rappi, mientras que en el caso de PedidosYa la sanción ronda los 17 millones.
Sin embargo, en este último expediente la Corte ordenó revisar la situación de un grupo reducido de repartidores en los que la empresa negó incluso que hayan trabajado para la plataforma.
Impacto en el conurbano y lo que viene
La decisión tiene consecuencias directas en el conurbano bonaerense, donde miles de repartidores trabajan a diario bajo este esquema, muchos de ellos inscriptos como monotributistas.
El fallo obliga a las empresas a regularizar la actividad: registrar a los trabajadores, garantizar aportes y brindar cobertura social si quieren seguir operando en la provincia.
Desde el gobierno de Axel Kicillof celebraron la medida y la consideraron un avance en materia de derechos laborales.
De todos modos, el conflicto está lejos de cerrarse. No se descarta que las empresas lleven el caso a la Corte Suprema nacional, en un escenario que podría definir el futuro del trabajo en plataformas en todo el país.
Por ahora, en territorio bonaerense —y también en el oeste— la Justicia fue clara: la tecnología no cambia las reglas básicas del trabajo.
