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A días de finalizar el año y sin certezas oficiales sobre el funcionamiento de la sede de González Catán, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) aprobó la Resolución 101/20 con la que busca blindar “la autonomía universitaria y propuso la creación de una comisión para evaluar las condiciones para el funcionamiento de la dependencia”.
El documento difundido por la Universidad llega después de la reunión que tuvo el rector Daniel Martínez con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quién puso a disposición el edificio del Kilómetro 32,5 de la Ruta 3 y viene anunciando la apertura de la subsede para marzo del 2021. Sin embargo, desde la UNLaM son cautos y con esta resolución buscan frenar el avance político del jefe comunal en el nuevo anexo.
Así las cosas, en el Artículo 1, el Consejo Superior resolvió “que la gestión de la sede de González Catán se realice dentro del marco de la autonomía académica, evitando toda injerencia de cualquier otro poder del Estado, en cualquiera de sus formas o grados, que afecten la organización institucional y académica y respetando las competencias propias de la Universidad, los derechos de docentes y alumnos, de acuerdo a las normas regulatorias y pertinentes”.
El 18 de diciembre pasado No Ficción informó que la persona que estaría al frente de la subsede bajo el cargo de delegado rectoral era el académico Jorge Steiman, quien fue propuesto por el Ministerio de Educación tras los tires y aflojes entre Espinoza y Martínez por la conducción del anexo. En diálogo exclusivo con este medio, el docente confirmó su postulación y hasta habló de las carreras que se dictarían en el nuevo edificio.
Sobre este último punto, la UNLaM resolvió “crear una comisión de articulación y consulta, que tendrá como misión evaluar y proponer a este Consejo el temperamento a seguir a los fines de instalación de la sede González Catán”, donde se analizará “la inversión requerida en infraestructura validada con la oferta académica y de investigación; los planes de estudio proyectados; la infraestructura adecuada en aulas, laboratorios, informática y accesorios; y las implicancias tecnológicas y operativas”.
Además, la mencionada comisión hará hincapié en “el presupuesto requerido, las exigencias de la CONEAU para acreditar las carreras completas, cursos de nivelación y sus cohortes en ese contexto para este proyecto; cualquier otra circunstancia no enumerada en la presente que implique a la Universidad en sus derechos y obligaciones, como la de sus docentes y alumnos; y la situación jurídica del inmueble en el que prestaría el servicio académico en la sede a crearse”.
En pocas palabras: mientras Espinoza anuncia el comienzo de la subsede en marzo próximo, desde la UNLaM aún piensan en crear una comisión que evalúe las carreras, presupuesto, edificio y otras cuestiones del anexo.
“En caso de habilitarse una nueva subsede, deberá respetar las reglas académicas a los fines del reconocimiento oficial de los estudios y de los títulos que se expidan. Ello es competencia exclusiva de la UNLaM, específicamente de este Consejo Superior, y se aplica a su ámbito territorial y al partido de La Matanza como a cualquier otro ejido municipal que cupiera alcanzado porque para ello fue creada por el Congreso nacional”, expresa el documento difundido por la Universidad, nuevamente en pos de asegurar su autonomía.
Mientras Espinoza, a instancias de Trotta, pretende acelerar los tiempos de la inauguración y acomodar sus fichas, desde las altas esferas de la UNLaM marcan la cancha y no dejan ningún detalle librado al azar.
