Bronca y enojo. En Olivos los intendentes, oficialistas y opositores, no emprendieron retirada a sus moradas con la satisfacción del deber cumplido. Se sintieron usados. No hubo diálogo previo sino todo lo contrario. Sorpresa. Había mucho para decir, pero solo en voz del presidente. Y esto no gustó ni alcanzó a los jefes comunales del Frente de Todos. Querían escuchar al gobernador y una solución más rápida por dos motivos fundamentales: las protestas por inseguridad recaerán sobre ellos y ahora deberán continuar conviviendo con una policía que no manejan y que, para peor, nadie conduce. Ni la política ni la propia policía.
Se repite la historia: en la provincia de Buenos Aires nunca nadie jamás protesta contra el gobernador. Hay un per saltum político. Los objetivos son los intendentes y el presidente. Otro motivo importante que exaspera a los jefes comunales es la tensión que vienen manteniendo con el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni. Las críticas abundan por su impronta exagerada y porque los subestima y deslegitima en cada arribo a sus terruños. Porque en sus operativos fugaces intenta dejar en claro que la seguridad está garantizada por él y los recursos que dispensa según convenga. Pero no importa. Se legitima en Cristina y sólo con ella obtiene la protección política para hacer lo que hace. No hay posibilidad para que Berni renuncie.
Así está la casa propia. Desordenada y, por ahora, sin trapitos al sol. Ya habrá tiempo. La idea de continuar conservando la unidad sin conducción sólo se sostiene con un hilo finito: disputar con la oposición más beligerante. Eso los aglutina, un poco y sólo para afuera.
Los ajenos
Pero otros que se fueron bastante insatisfechos fueron los intendentes opositores. Jorge Macri y Diego Valenzuela, a la cabeza, protestaron a viva voz porque fueron a prestarse a una foto democrática que no fue solo eso. ¿Qué esperaban? No salir en una foto desafiante para Juntos por el Cambio. Más aún, Macri primo fue ubicado perfectamente para que salga en cámara. Luego llegaron las disculpas y desde Vicente López aprovecharon para continuar con el pedido de regadero económico. Advierten desde el oficialismo que “Jorge es un gran negociador, está ahorrando mucha plata de sus propias cajas, la mayoría de sus recursos los obtiene de Provincia y de Nación”.
La política atravesada por la seguridad
Pero el conflicto no es sólo económico. Fundamentalmente es político e ideológico. Por un lado, el kirchnerismo -y sus satélites discursivos- nunca pudo afrontar la seguridad en sentido amplio. La disputa la resolvió en todos los casos a través de la tensión propiciada por el progresismo que integra sus filas: la policía es mala, fea y corrupta de por sí. Y aunque puedan llegar a tener razón, sigue estando ahí, en la calle, aumentando su recurso humano que llega a casi 100 mil efectivos.
Y este discurso, aunque aminorado en estos tiempos, subyace en la política gobernante. Las comisarías no son habitables ni para presos ni para oficiales. Los patrulleros tampoco cuentan con un estado aceptable. La formación policial profesional es otra gran deuda. Los salarios, malos, claro está. Y como dato que completa el escenario catastrófico es que la consideración social hacia la fuerza bonaerense es nula. El cuadro actual es ese, con más o menos matices según los interlocutores.
La seguridad es una cuestión de Estado que se debe resolver desde el Estado. No es una cuestión partidaria. El oficialismo decidió emprender un camino peligroso porque dentro de su interna hubo un ganador: Cristina Fernández.
Había y hay un solo objetivo: cuidar a Axel Kicillof. No solo por su persona, que pesa mucho, sino por el poder territorial que le asegura la provincia de Buenos Aires. Nada puede malir sal en la provincia. Pero los daños estructurales son inevitables, aunque se consiga más coparticipación a la fuerza.
Por otro lado, el conflicto político también es inevitable, a pesar de que se logre calmar a los intendentes.
La provincia es demasiado compleja para dejarla solo en manos de una fuerza política.
