El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, ordenó a las empresas prestatarias cumplir, en todo el territorio del municipio, una medida cautelar que impide efectuar cortes de servicio de luz, gas y agua por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles, considerada la cuestión de fondo.
De acuerdo con investigaciones del Conicet y de la UBA, esas tarifas aumentaron este año, en promedio, un 370%, es decir, cuatro veces más que la inflación.
El amparo presentado por el intendente Fernando Espinoza junto con entidades de defensa del consumidor y fuerzas vivas del distrito, obtuvo el respaldo de la Justicia, que lo transformó en una medida cautelar.
Los tarifazos dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua “hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de Pobreza Energética, es decir que las tarifas insumen más del 10% del ingreso, con facturas que han aumentado hasta el 1000%” remarcaron desde el municipio.
A partir de los anuncios de aumentos y de que comenzaron a llegar las facturas, creció el reclamo de la comunidad, expresado en las asambleas realizadas por la Multisectorial de La Matanza, en las que los curas, pastores evangélicos, docentes, empresarios, trabajadores, comerciantes, entidades de defensa del consumidor y profesionales, junto con el municipio, coordinaron la presentación judicial para oponerse a “estas políticas violentas que empobrecen a la mayoría de la población y atentan directamente sobre el aparato productivo y el nivel de actividad”.
Ahora, con esta decisión de la Justicia, -aseguraron desde la comuna- las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia, incluida la imposibilidad de pago por los montos que están llegando con las facturas.
