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Los profesionales que trabajan con personas con discapacidad están en estado de alerta y denuncian que desde la era de Mauricio Macri vienen sufriendo un proceso de desfinanciamiento que se agravó con la pandemia. Se trata de Colegios, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día y Servicios de Apoyo a la Inclusión Escolar; como así también, Centros de Estimulación Temprana, Hogares y transportistas, que le piden al Gobierno Nacional un 70% de aumento en las prestaciones para no ir a la quiebra.
La cuenta que hacen los profesionales que trabajan con personas con discapacidad es fácil. Del 2019 a hoy, las prepagas incrementaron la cuota un 112% y los trabajadores a través del gremio Fatsa acumularon aumentos del 122%. Pero a los prestadores el Estado le actualizó las coberturas un 80% en el mismo período, por lo que alegan que hay un trato diferencial con ellos. Y la Zona Oeste del conurbano tiene su propia experiencia de esta crisis.
“Estamos en la quiebra. Pagamos todos los aumentos, pero a nosotros Andis (Agencia Nacional de Discapacidad, que depende del Gobierno) no nos incrementa los aranceles. El mes que viene no sabemos cómo vamos a hacer para pagarle a la gente”, explicó a No Ficción Malvina Veloz, directora de la Fundación Hogar Color Esperanza de Ramos Mejía donde viven más de treinta personas con discapacidad de entre 20 y 60 años y que el año pasado vivió en carne propia el drama del Covid-19.
Veloz reconoció que “el mismo presidente (Alberto Fernández) ya envió un mensaje al sector prometiendo que se va a ocupar de este asunto”. Para los prestadores el aumento debería rondar un 70% para poder salir de la crisis en la que están.
“Esto también afecta a los transportistas, la situación es insostenible. Nuestros empleados tuvieron aumentos del 45% y el año pasado el 35%, mientras a nosotros en 2020 solo nos dieron el 10%. Si esto no cambia tendríamos que cerrar porque no podemos enfrentar los sueldos y el mantenimiento”, comentó a este medio Luis Tévez, director de UNUC Centro Educativo Terapéutico de Morón, que emplea a 40 profesionales.
El profesional explicó que en su institución “los sueldos se están pagando a medias y el aguinado también. Si esto no revierte vamos a tener que cerrar, lo que implica que los chicos que vienen queden sin atención ni prestación”.
Desde el sector coinciden que el desfinanciamiento comenzó con Macri, pero que la pandemia efectuó un golpe gravísimo. “Para este 2021 Andis nos dio un aumento total del 36%, que se termina de cobrar a fin de año, estamos desesperados“, manifestó Veloz, dando cuenta de la perdida frente al 45% que cerró Fatsa y el 47% que le habilitaron a las prepagas.
El compromiso del Presidente a atender la situación llevó tranquilidad, aunque el estado de alerta continúa. Este medio se comunicó con Andis para tener una explicación oficial, pero al momento de publicarse esta nota aún no había llegado. Por ahora no habrá movilizaciones a la espera de medidas concretas, aunque si no hay novedades para septiembre seguramente los profesionales del área de discapacidad volverán a las calles.
