La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que explicaron por qué la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, a instancias del jurista Marcelo Alfredo Riquert, decidió darle la prisión domiciliaria a Alejandro Miguel Ochoa, el delincuente de 55 años acusado por el robo y el asesinato de la psicóloga de Ramos Mejía, María Rosa Daglio.
En el comunicado, que lleva la firma del Pedro Rodríguez, titular del Tribunal en lo Criminal N° 4 de Morón, los jueces defendieron la decisión de la Sala I explicando que “si los requisitos legales se dan, al juez le corresponde concederlas aunque nunca ningún sistema de vigilancia posterior impida la comisión de un nuevo delito”. Y aclararon que “en el caso de los colegas agraviados, hacía 5 meses que se había ordenado la detención sin que las fuerzas de seguridad, que no dependen del poder judicial, ubicaran y detuvieran al imputado”.
Según la Red, se debería saber “que en todo el mundo un condenado puede volver a delinquir, porque en la Argentina, como en todos los países, las leyes, que no las dictan los jueces sino el poder legislativo, no solo autorizan, sino que obligan a los jueces a disponer libertades o prisiones domiciliarias, tanto durante el proceso como cuando hay sentencia firme“.
Y enumeraron casos concretos en que esto ocurre: “Libertad por falta de mérito. Excarcelación. Morigeracion. Libertad condicional. Libertad asistida. Salidas transitorias. Prisión domiciliaria a enfermos, madres, valetudinarios, mayores de 70, Etc”.
Por último, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires expresaron compartir “el dolor y las preocupaciones”, aunque insistieron que “el aumento del delito y de la inseguridad no se solucionan tergiversando el recto sentido y los fundamentos de las resoluciones judiciales desde el poder político o desde algunos medios”.
La Sala I le había otorgado el 29 de abril del 2020 el beneficio de la prisión domiciliaria a Ochoa en el marco de la pandemia del coronavirus a pesar de su extenso currículum delictivo, ya que su defensa planteó que el EPOC y las afecciones urinarias que sufre el presunto delincuente lo ponían en riesgo grave en caso de contraer Covid-19 en la cárcel.
