Este mes, la justicia de Morón dio un paso histórico: se llevó adelante el primer juicio oral de manera remota en el Departamento Judicial. El imputado, que fue condenado a más de 8 años de prisión por un violento robo, siguió a través de videoconferencia desde la Unidad Penal 42 de Florencio Varela todo el proceso en su contra que se tramitó en los tribunales, donde sí desfilaron testigos y estuvieron presentes el juez, el defensor y el fiscal.
El juicio debía comenzar a fines de marzo de este año, pero coincidió con el inicio de la cuarentena y fue pospuesto varias veces. “La Corte había suspendido los plazos procesales y las audiencias, hasta que hace un mes autorizó todas las audiencias no presenciales. Ya veníamos trabajando con un sistema digital, que es una innovación total, prácticamente sin un expediente en papel, todo por vía electrónica. Una revolución”, resumió a No Ficción el juez Pedro Rodríguez del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Morón que llevó adelante el juicio oral.
Carlos Javier Solís Iturbe, quien es paraguayo y tiene 23 años, cayó detenido en flagrancia en la tarde del 19 de diciembre del año pasado. Fue apresado inmediatamente después de cometer el delito, lo que vulgarmente se llama “con las manos en la masa”. “El debate debía haberse hecho hace meses, pero la pandemia complicó todo”, continuó el magistrado.
La Fiscalía había propuesto la suspensión del proceso y realizar un juicio abreviado, pero el tribunal no lo aceptó. Entonces, se avanzó con la idea de hacerlo de manera remota. “Citamos a los testigos a horas diferentes, para que ni se cruzaran. En la sala de juicio, hubo una limpieza exhaustiva en todo momento y sólo estábamos presentes el fiscal, Patricio Pagani, el defensor, Jonathan Joel Vicente, y yo”, detalló el juez Rodríguez quien aclaró que en una de las audiencias estuvo también el juez Aníbal Termite, del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Morón, que observó el juicio bajo esta nueva modalidad.
“El imputado pudo observar todo lo que ocurría en el recinto a través de varias cámaras provistas por la Corte. Los escritorios también contaban con una especie de arcos que tenían un nylon de alta densidad y todos estábamos a no menos de dos metros de distancia. No hubo ninguna clase de riesgo”, insistió el juez.
Incluso, la secretaria del Tribunal siguió la evolución del juicio desde su despacho, en una sala contigua, también a través de videoconferencia para no generar una mayor aglomeración en la sala. “En varios tramos del debate, los presentes debimos abandonar la sala porque el acusado debía hablar a solas con su abogado, un derecho que en ningún momento se vulneró”, añadió el magistrado quien indicó que el Servicio Penitenciario Bonaerense no le permitió el uso del celular al preso con lo cual, hubiera seguramente facilitado el diálogo con su defensor.
No Ficción consultó a la defensora Mercedes Conti, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón quien destacó “la importancia simbólica que tiene la realización de este juicio de manera remota en plena pandemia. Es algo para lo que nos estamos preparando desde hace meses y si bien este debate se realizó con cámaras provistas por la Corte, nosotros venimos realizando donaciones para que todas las dependencias judiciales puedan contar este tipo de dispositivos”.
El caso
Ese 19 de diciembre, el sospechoso fue a pasar el día a una quinta de la localidad de Mariano Acosta, al límite con Agustín Ferrari, una zona semi rural del partido de Merlo. Se presume que él o uno de sus cómplices, había alquilado previamente el lugar por Facebook.
Lo que parecía ser un día de pileta para disfrutar entre amigos, se convirtió en una pesadilla para las víctimas, una pareja que tiene una casa lindera a la quinta, desde donde proveían de pizzas y bebidas a los invitados. De un momento a otro, los sospechosos se pusieron guantes de látex, esgrimieron armas de fuego y comenzaron a amenazar y golpear a los dueños del establecimiento exigiéndoles sus ahorros.
Las víctimas, un hombre de nacionalidad boliviana y una mujer paraguaya que tienen comercios en la zona, estaban acompañados por sus hijos durante el robo, quienes también fueron golpeados con el fin de que sus padres confesaran dónde tenían el dinero. De esta manera, los delincuentes se hicieron de un botín que superó los 30.000 dólares, además de todo el circuito de las cámaras de seguridad que controlaban el perímetro.
Luego, parte de los asaltantes huyeron a pie, mientras que otros lo hicieron en al menos un auto con el que habían llegado, y que no pudo ser identificado. Al mismo tiempo, los vecinos y las víctimas pidieron ayuda y la policía llegó inmediatamente. Carlos Javier Solís Iturbe se llevó la peor parte y fue detenido a unos 200 metros del lugar. En uno de sus bolsillos tenía un guante de látex y fue reconocido por las víctimas.
En el juicio se estableció además que la hermana del sospechoso unos dos meses antes, había ocupado ilegalmente parte del predio de las víctimas y había sido desalojada. Se cree que en la mudanza fue asistida por el propio imputado.
Finalmente, la semana pasada tras la lectura de los alegatos el imputado fue condenado a ocho años de prisión por el delito de robo agravado por el uso de armas y este lunes, se dieron los fundamentos de la sentencia.
