El diputado nacional de Unidad Ciudadana, Rodolfo Tailhade, indicó que deberían unificarse las dos causas penales en las que se investiga la existencia de supuestos aportantes truchos a las campañas políticas de Cambiemos. Además, pidió que la Justicia reabra otros dos expedientes que ayudarían a contemplar el fenómeno en toda su dimensión: el dirigente se refiere al supuesto “error de carga” por el que en 2015 el gobierno porteño sobrefacturó la pauta oficial que recibieron los medios comunitarios y a la “maniobra” de transferir los datos de la Anses a la Jefatura de Gobierno.
En diálogo con No Ficción Radio, el legislador puntualizó que actualmente existen dos causas “vinculadas al escándalo de lavado de dinero en las campañas a través de los aportes truchos. Una tramita en La Plata a raíz de la denuncia de la diputada Teresa García y otra fue realizada por la ONG La Alameda que está en el juzgado de Sebastián Cassanello e investiga la falsificación de documentos públicos”, explicó, al tiempo que concluyó: “Ambas deberían unificarse”.
Respecto a la trama denunciada y dada a conocer por El Destape, Tailhade destacó el rol que habría tenido Edgardo Cenzón, el ex ministro de Obras Públicas de la gobernadora María Eugenia Vidal a quien consideró “el recaudador, el verdadero cerebro financiero, mientras que los instrumentadores son los del equipo de la contadora María Fernanda Inza, que además fue la apoderada de la lista de Cambiemos de la provincia en las últimas elecciones, es del riñón del PRO”.
“El grueso del financiamiento ilegal -continuó el diputado kirchnerista-, viene de los fondos públicos. En 2015 provino de la Ciudad y en 2017 de las principales cajas del país: Nación, Provincia y Ciudad. Por eso es infinitamente más grave, le están robando plata al Estado para financiarse. Con este mismo fin se apoderaron de los datos y la estructura que montaron desde los organismos públicos”.
Errores de carga e información sensible
Tailhade expresó la necesidad de que se “reabra la causa por el traspaso de los datos de la Anses a Jefatura de Gabinete, en el año 2016, donde sostuvimos que era con estos propósitos de usar esos nombres para ponerlos como aportantes. Y sumamos la solicitud para que se avance con la investigación de la famosa causa de “error de carga”, cuando el gobierno abrió una página web para trasparentar la pauta publicitaria y comenzaron a aparecer centenares de medios como receptores de pautas por dineros que jamás habían recibido”.
“Hay una clara maniobra de lavado de dinero donde desvían fondos públicos falsificando el destino para usarlo en la campaña. Un modus operandi del PRO en toda su historia política, en esto son especialistas”, resumió el dirigente, que también se refirió a la declaración de Osvaldo Marasco, ex candidato a intendente de Cambiemos en Ituzaingó, quien negó haber aportado 50 mil pesos a la campaña: “Aportó algo muy importante, los viernes durante la campaña de 2015 se juntaban en las oficinas de Av. Libertador 174 piso 11 en Vicente Lopez donde Jorge Macri en persona repartía plata y bajaba línea. Yo tengo un testigo que aún no quiere revelar su identidad que afirma lo mismo, y de profundizarse la investigación se llega a Jorge Macri y Vidal que eran los responsables de la campaña”, sentenció.
El caso de Radio Ahijuna y el Niembrogate
En 2015, se dieron varios escándalos vinculados con la pauta publicitaria de la Ciudad. Primero, Tiempo Argentino dio a conocer el Niembrogate, donde se descubrió que el periodista deportivo Fernando Niembro había cobrado a través de la empresa La Usina, contratada por el gobierno porteño, por espacios de publicidad y la realización de encuestas, más de 21 millones de pesos. La maniobra había sido vía contratación directa a través de 170 facturas. Hasta ese momento, Niembro encabezaba la lista de candidatos a diputados de Cambiemos pero debió renunciar.
Luego, Mauricio Macri, que en ese entonces gobernaba la Capital Federal, quiso transparentar la información a través de una página web, pero cayó en su propia trampa. Allí surgían radios comunitarias y regionales que supuestamente habían cobrado cientos de miles de pesos, pero en el mejor de los casos, habían recibido un pequeño porcentaje del que figuraba oficialmente.
A Radio Ahijuna no le sobra nada. Funciona en el edificio de la Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno en Bernal y fue una de las tantas emisoras utilizadas para inflar los montos de pauta oficial. En “Buenos Aires Data” figuraba que habían cobrado 618.638 pesos entre 2013 y 2014. Sin embargo, la radio sólo había facturado 35.580 pesos.
“Sospechamos que ese dinero fue desviado a la política, no tenemos la certeza porque justamente al descubrir las inconsistencias hicimos la denuncia penal para que la Justicia determinara qué pasaba con ese dinero que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decía que había depositado en concepto de publicidad oficial en nuestra radio y finalmente fue a otro lugar”, explicó a este medio Martín Iglesias, referente de la cooperativa que administra la radio.
Iglesias denunció al entonces secretario de Medios, Miguel de Godoy, y al de Comunicación Social, Pablo Gaytán, para que se los investigue por los delitos de peculado, falsificación de documentos privados y lavado de activos.
“Nuestra denuncia incorpora otros casos como emisoras de Tandil que jamás habían emitido un spot de la Ciudad de Buenos Aires y figuraban que habían cobrado igual. Sabemos que en su momento De Godoy contestó a la Justicia lo que fue el requerimiento de información pero después se dio el desenlace electoral y nosotros sabemos que quienes están ahora en el gobierno nacional son los mismos que están sospechados de esta maniobra”, detalló Iglesias.
