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Comienza el juicio oral contra el cura Carlos Eduardo José, acusado de haber abusado sexualmente hace más de dos décadas atrás a una joven que hoy tiene 33 años. El imputado está preso hace tres años en el Penal de José León Suárez. Además, la Justicia analiza otras tres denuncias similares de otras chicas que eran menores de 10 años al momento de los presuntos ataques, la mayoría de ellos cometidos en una escuela de Tres de Febrero, donde el sospechoso oficiaba como párroco.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín, a cargo de los jueces Mónica María Carreira, Raúl Luchelli Ramos y Carolina Martínez, dará inicio al debate el próximo jueves 4 de febrero. Se prevé que las audiencias, en las desfilarán unos 80 testigos, se extiendan hasta fines de la semana que viene.
El cura enfrenta cargos por “abuso sexual gravemente ultrajante”, agravado por su condición de sacerdote por el caso de Mailín Gobbo, quien denunció al cura en 2017 como autor de los abusos sufridos en el Instituto San José Obrero, de Caseros, en 1999. Sin embargo, y a pesar de que la víctima se cambió de colegio, los abusos habrían continuado hasta 2008 debido a que el sacerdote era un “amigo de la familia” y mantenía el vínculo con la nena.
En simultáneo, otras tres mujeres denunciantes aguardan el veredicto de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires para que avancen sus causas contra el ex cura. Es que una vez que trascendió el caso de Gobbo, Jazmín Detez, Cecilia Burgos y Karen Maydana, otras alumnas del colegio, también tomaron la decisión de ir a fondo contra el párroco, a quien acusaron de haber cometido otros delitos similares.
En 2009, Gobbo había iniciado también una denuncia eclesiástica ante al arzobispado de San Martín, pero aseguró que fue silenciada y que las autoridades decidieron trasladar al ex sacerdote a otra ciudad, en una maniobra presuntamente encubridora.
Por estos días, en la Iglesia Católica Argentina hay más de 60 casos presentados ante la Justicia. “Hoy, estas sobrevivientes de abuso sexual infantil no sólo exigen una condena efectiva para que el ex sacerdote siga en la cárcel, sino que reclaman que las denuncias no prescriban”, apuntaron desde la parte acusadora.
Ocurre que la Ley 27.206, sancionada por el Congreso, modifica el plazo de la prescripción de delitos contra la integridad sexual de menores. Estos derechos también están amparados en la Convención de Belem Do Para, el Tratado Internacional por los Derechos del Niño, el Tratado Internacional por los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Es fundamental que este Tribunal esté a la altura de las circunstancias y que la Justicia dé una señal concreta e inequívoca en contra de los abusadores y a favor de las y los sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Condenas severas y firmes que rompan con décadas de silencio, impunidad y encubrimiento por parte de la Iglesia católica argentina”, concluyeron.
