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A cuatro meses del asesinato de Lucas Verón, la Ayudantía Fiscal de gravedad institucional de La Matanza, a cargo de Fernando López y María Julia Panzonni, llamó a indagatoria al comisario Diego Ocampos y a los oficiales de la Bonaerense María Genez y Daniel Quinteros, acusados de una serie de delitos que buscaron encubrir el asesinato del joven, el último 10 de julio, día en que celebraba su cumpleaños 18.
Por este mismo caso, los agentes Ezequiel Benítez y Cintia Duarte ya fueron imputados por homicidio y esa causa ya fue elevada a juicio. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a la familia Verón, insistía en investigar la posible participación de otros policías en el encubrimiento del hecho y así se logró avanzar en ese sentido. La audiencia en cuestión se hará jueves 26 de noviembre.
De la causa central, se desprendió otra instrucción por la actuación de funcionarios policiales que, luego del ataque, se presume intentaron desviar la investigación y ocultar lo que había pasado. Por esto es que fueron llamados a indagatoria el comisario y segundo jefe departamental Diego Ocampos, el subcomisario Daniel Quinteros y la oficial subayudante María Gisele Genez.
Con distintos grados de participación, los policías están acusados de ser autores o coautores de los delitos de amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica y falso testimonio. Para la Comisión Provincial por la Memoria, estos hechos fueron parte de una estrategia de encubrimiento que buscó garantizar la impunidad de sus compañeros de fuerza.
Según la Ayudantía Fiscal, el comisario Ocampos amenazó al amigo de Lucas y único testigo, Marcos. Lo obligó a declarar contra su voluntad en sede policial y a confesar que venían de robar y que les habían disparado desde un auto blanco, que no era un patrullero. “Decí la verdad porque el asesino se puede comer 25 años y vos también”, le habría dicho para amedrentarlo.
De acuerdo al relato de la fiscalía, Marcos, su tío y el padre de Lucas Verón fueron trasladados a la comisaría mediante engaños. En la dependencia, siguieron las amenazas: Marcos y su tío fueron encerrados de manera ilegal en calabozos policiales, con el adulto esposado durante varias horas. Según las pruebas que obran en el expediente, el subcomisario Quinteros fue quien ejecutó la orden del comisario y privó ilegalmente de la libertad al adolescente, mientras que todavía no se identificó al funcionario que encerró a su tío.
En esas condiciones, por fuera de los marcos legales, sin la presencia de un defensor oficial o representante legal, ya que es menor de 18 años, se fraguó la declaración autoincriminante de Marcos. El acta fue convalidada por la oficial subayudante María Gisele Genez.
Los tres funcionarios deberán prestar declaración indagatoria el próximo 26 de noviembre. Mientras tanto, la investigación continúa, hay medidas de prueba que todavía no se han producido o que faltan sus resultados como, por ejemplo, el informe pericial sobre los teléfonos secuestrados. De estas diligencias, entre otras, pueden surgir más evidencias sobre los delitos cometidos y sobre la responsabilidad de otros funcionarios. También se investiga la actuación del fiscal Juan Pablo Tathagian.
La noche del crimen
En la fatídica madrugada del 10 de julio, Lucas y su amigo Marcos se dirigieron en moto a un kiosco cercano a su hogar, en el barrio de Villa Scasso, en la localidad de González Catán, en La Matanza. Era el cumpleaños de la víctima y la idea era comprar unas gaseosas. En ese momento, los jóvenes detectaron la presencia de un patrullero que transitaba con las luces apagadas y comenzó a perseguirlos.
El patrullero conducido por Benítez y Duarte impactó por detrás a la moto en la que viajaban Lucas y Marcos, quienes cayeron al piso y comenzaron a correr en dirección a su casa.
Aparentemente, el policía Benítez, que iba manejando, descendió del patrullero y efectuó entre dos y tres disparos con su arma reglamentaria, uno de los cuales impactó en la víctima. De acuerdo a los voceros, el joven continuó corriendo pero a unos 20 metros cayó al piso gravemente herido, por lo que Marcos fue a avisarle a la familia de la víctima.
Lo más sugestivo es que los policías en vez de quedarse a preservar la zona, se fueron del lugar y no avisaron de la situación a sus superiores. Por esta razón, el fiscal Tahtagian ordenó la detención de la pareja de efectivos, cuyo trámite fue convalidado por la jueza de Garantías Mary Castillo.
Más tarde, los familiares de Verón detectaron maniobras extrañas por parte de la fiscalía, ya que Marcos denunció aprietes en su contra. Por tanto, Tahtagian fue separado del caso y se comenzó a investigar la causa por encubrimiento.
