El conflicto universitario, que escaló con el blindaje de la Cámara de Diputados al desfinanciamiento educativo del gobierno de Javier Milei, desató una nueva batalla entre la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y el Municipio por la denuncia que hizo el rector, Daniel Martínez, a dirigentes y funcionarios alineados al intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario. La casa de estudios los acusa de ser los que generaron los episodios de violencia ocurridos el 9 de octubre en las puertas que dan a Av. Varela.
Este lunes se conoció que la UNLaM inició una denuncia en la Justicia Federal de Morón por lesiones, instigación a cometer delitos, infundir temor público, incitación a la violencia, intimidación y el agravante de ser organizado por tres o más personas. E imputó esos delitos, que prevén penas de hasta 6 años de prisión, a “la secretaria privada de la vicegobernadora Verónica Magario, funcionarios municipales, legisladores nacionales, concejales y dirigentes gremiales” del peronismo, pero también del Frente de Izquierda (FIT).
Los imputados, según figuran en la denuncia, son “Miguel Narváez, subsecretario de Culto municipal; Ángel Aisa, director general de Asuntos Comunitarios municipal; Mario Ortiz, brazo sindical de Fernando Espinoza; Laura Chamorro, concejal que responde a Fernando Espinoza; Paulina Maldonado, secretaria privada de la vicegobernadora Verónica Magario; Diego Barresi, director municipal bajo la órbita de Silvia Francese en Cultura; la diputada nacional del FIT, Mónica Schlotthauer; los concejales del FIT Natalia Hernández y Juan Romero; Marcelo López, defensor adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; y Xiomara Yezabel González, de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante de la La Matanza”.
Los abogados de la UNLaM, Sergio Olivar y Diego Álvarez Rizzo, escribieron que “estas acciones resultan el fruto de un diseño criminal para presentarse con un falso sustento en defensa de la universidad pública, causar un daño particular y especial a la UNLaM, sus integrantes y su institucionalidad”. Aseguraron que “esto queda cabalmente demostrado con las vías de hecho que ya comenzaron a desplegarse desde el día miércoles 9 próximo pasado por la tarde y que se siguieron desarrollando hasta la fecha, incluyendo los primeros intentos de toma de la sede de la universidad con lo que ello implica”.
Estos abogados sospechan que los funcionarios, dirigentes del peronismo y el FIT incitaron a hechos que terminaron con “agresiones a decanos, vicedecanos, administrativos, docentes y estudiantes” y que estas “se dieron en forma de golpes, insultos, escupitajos, rasguños y patadas a través de las rejas”. Como si fuera poco, los abogados de la UNLaM lanzaron fuego pesado: “se trata de una empresa criminal en la medida que los que se han manifestado con estos hechos violentos no forman parte de su comunidad ni representan bajo ningún aspecto a la comunidad universitaria ni sus intereses”. Como pruebas adjuntaron videos e imágenes de los presuntos instigadores.
Según consta en la denuncia, “al momento del arribo de estas personas, el clima era de calma, pero se retomaron los incidentes, encabezados por algunos de los sujetos que llegaron en compañía de los dirigentes vinculados al gobierno municipal”. Supuestamente, a las 20:54 del 9 de octubre la primera en llegar fue Maldonado, secretaria de Magario. Minutos después la concejal Chamorro y el funcionario municipal Aisa. Sin embargo, los videos del inicio del conflicto se podían visualizar en redes sociales desde las 6:04, casi tres horas antes de la llegada de los acusados.
Conflicto y contexto
Esta causa judicial iniciada desde la UNLaM parece enmarcarse en una estrategia para evitar denuncias o ataques por parte del Gobierno Nacional, que ayer a través del vocero Manuel Adorni hizo referencia a la Ley de Educación Superior: «hay que entender que la responsabilidad es también de cada uno de los rectores”, a lo que sumaron que la normativa “especifica que dentro de las universidades no pueden ingresar fuerzas de seguridad que no cumplan con el requisito de que hayan sido solicitadas por la Justicia, o por las autoridades de las universidades».
Según pudo reconstruir este medio, aquél 9 de octubre y tras el blindaje de Diputados al ajuste universitario de Milei, integrantes de la Asociación de Docentes de Universidades Nacionales (ADUNLaM), la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Matanza (ATUNLaM) y la Liga Federal Universitaria (LFU) recorrieron aulas y oficinas para protestar en Av. Varela. Había vía libre para cortar la calle, pero no para una toma.
Como quedó evidenciado, la situación se descontroló y las autoridades de la UNLaM no pudieron contener la bronca y el malestar de estudiantes y otras personas, muchos de ellos militantes del FIT, que quisieron ingresar a hacer una asamblea y votar las medidas a seguir. En ese momento se cerraron las puertas de la casa de estudios y se registró la presencia policial dentro del predio. Ante la ebullición y la violencia, los sindicatos acordaron con el Consejo Superior hacer ellos la toma antes que la hagan estudiantes, docentes y militantes no alineados con el rector. Pero eso cesó a los pocos días. Ahora un grupo de estudiantes autoconvocados y de izquierda votaron una toma activa con clases presenciales hasta el 17 de octubre, pero se trata de un grupo minúsculo.
Como si la denuncia no alcanzara, en off fuentes de la casa de estudios hablan de infiltrados del peronismo, un correlato peligroso en medio de las denuncias a libertarios sospechados de meterse en las universidades a generar disturbios. Con esta causa, Martínez y los letrados de la UNLaM lanzan fuego pesado a la intendencia, que ante la consulta de este medio se mostraron sorprendidos y, por ahora, solo ensayaron una respuesta diplomática.
Desmentida de los acusados
Es que algunos de los acusados emitieron un comunicado conjunto este martes por la noche, donde desmintieron al rector Martínez. “Expresamos el rechazo por el intento de vincularnos falsamente con los episodios de violencia acaecidos en las puertas de la UNLaM”, dijeron en conjunto Marcelo López, Laura Chamorro, Mario Ortíz, Miguel Narváez, y Ángel Aisa, al que se les sumó con la firma el diputado provincial Ricardo Rolleri, a pesar de no estar denunciado.
“La realidad fue que todos nosotros, representantes de las fuerzas vivas, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, legisladores y funcionarios, enterados por las noticias sobre inconvenientes ocurridos en el portón de ingreso a la universidad, fuimos para solidarizarnos y evitar que escalaran hechos de violencia que se venían sucediendo desde unas horas antes de nuestra llegada”, aseguraron.
En ese sentido, rechazaron “también una denuncia que aparece plena de intencionalidad política (solo se mencionan a determinados legisladores y no a otros, de otras expresiones políticas que también estaban presentes), difundida y exacerbada por un sector de la corporación mediática, la cual pretende vincularnos con hechos que lamentamos y que condenamos”.
Por todo ello, los denunciados escribieron: “Exhortamos al Rector de la universidad a que rectifique sus dichos y revea esta azarosa y selectiva presentación judicial, producto seguramente de información errónea que le fue proporcionada”, y dijeron que “lo que está pasando en nuestra universidad y las otras a lo largo y ancho del país, queremos señalar que el único responsable de estos hechos es un gobierno nacional insensible, ajustador serial, que no quiere educación de calidad al alcance del pueblo”.
Dirigentes que supieron trabajar con la vicegobernadora Magario le dijeron a No Ficción que “los funcionarios llegaron dos horas y media después, precisamente a tratar de evitar desbandes, y la secretaria de Verónica vive a dos cuadras… Literalmente, estaba en el frente de su casa, para nosotros el enemigo está en otro lado, el gorilaje es quien se infiltra, esto no se entiende”. Hasta la publicación de esta nota, desde su entorno no se había emitido un comunicado al respecto.
De esta forma, la escalada del conflicto universitario tiene en La Matanza su propia batalla: la del rector Martínez que vuelve a ir contra Espinoza. Aún resta saber si se trata solo de una estrategia para blindarse ante el temor de denuncias del Gobierno Nacional contra rectores o de un verdadero caos generado desde el riñón de la intendencia. La Justicia Federal de Morón definirá el caso, que cuando pasen estos problemas habrá que ver quiénes son los más dañados.
