Tras el decreto para el control de precios, dudan del «poder de fuego» que tendrán los intendentes

Pese al DNU de Alberto Fernández, no son pocos los que en el conurbano sostienen que la medida viene a formalizar la tarea que los jefes comunales ya están realizando, pero no le daría potestad plena para combatir los abusos.

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Los municipios pidieron durante un buen tiempo a Nación la facultad de poder aplicar sanciones a comercios y, sobre todo, a supermercados que no cumplan con el congelamiento de precios decretado en marzo último por el propio Ejecutivo nacional, en el marco de la emergencia sanitaria contra la pandemia del coronavirus.

Como respuesta, en esta última semana, el Gobierno emitió un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 351/2020) a partir del cual los municipios tendrían el poder de fiscalizar y controlar precios. Sin embargo, los alcances del decreto no son los esperados por los municipios. Si bien nadie lo quiere decir en voz alta, para muchos funcionarios el DNU se quedó “a mitad de camino”.

“El decreto ratifica la labor que los municipios ya vienen realizando, pero no les delega la facultad de sanción, la cual es potestad de la Nación y la Provincia, y que es básicamente lo que pedían”, dijo a este medio un funcionario de un municipio del noroeste del Conurbano bonaerense.

Otra fuente de otro municipio de zona norte que también prefirió preservar la identidad fue más contundente: “No pasa nada con ese decreto. Acá, nadie le dio bola”.

La Ley de Abastecimiento da facultad al Ejecutivo nacional y a las provincias a poder fijar precios máximos y márgenes de utilidad a las empresas y comerciantes que pretenden especular con los precios y el abastecimiento de bienes que no permitan satisfacer las necesidades básicas de la población. En el marco de esa ley, los municipios ya tienen delegados el control y fiscalización. Tal es así, que los intendentes se han mostrado en varias oportunidades recorriendo supermercados y controlando precios.

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, en una recorrida de control de precios.

Así las cosas, los intendentes pedían la facultad de sancionar localmente esas conductas abusivas, para no recurrir a otras normas como ocurrió en un Coto de La Matanza, donde el Municipio usó el Código alimentario provincial para poder clausurar y salió Alfredo Coto a protestar en persona.

Ante esta situación, el senador provincial por el Frente de Todos Francisco “Paco” Durañona presentó un proyecto de reforma de la Ley provincial de Consumidores (13.133), a partir del cual a los municipios se les otorgaría la facultad de “inspección, juzgamiento y sanción” de la misma.

La defensa de los consumidores

Adrián Ganino, abogado especialista en relaciones de consumo y director de Comercio y Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Martín, expuso al respecto: “El DNU 351/2020 lo que viene es a ratificar las facultades que están operativas y vigentes en la Provincia de Buenos Aires, a través del Decreto 5217/74 y la Ley Provincial 8197”.

En la actualidad, “la Provincia y los Municipios ya vienen trabajando con los controles y fiscalización de las Resoluciones 100/102 y 86, de la Secretaria de Comercio Interior, y el labrado de actas por infracción a esa disposición, aplicando como fundamento la Ley de Abastecimiento, y remitiendo las actas a la Dirección Provincial de Defensa al Consumidor, para la correspondiente sustanciación del proceso y posterior Sanción”, detalló Ganino.

Por su parte, el presidente de la ONG Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, afirmó: “No se necesitan más leyes, sino ponerse firmes”.

“Esta es una larga lucha que tenemos los defensores de consumidores. Hay normas de sobra para ejecutar, especificaciones para poder clausurar comercios y proveedores. Existen normas, hay que aplicarlas”, expresó y agregó: “Coto, Jumbo, La Anónima, Día, Wallmart cometen violaciones a las normativas vigentes de manera constante. Por ejemplo, en cuanto a precios, se obligó retrotraer y congelar precios a marzo. Nadie lo hizo. Deberían estar clausurados”.

En el mismo sentido, Bassano continuó: “Además, hay acaparamiento de productos. Tienen galpones repletos de alimentos no perecederos. Esto es intencional, por lo cual argumentos para clausurar y sancionar ya hay. Hay municipios que tienen miedo de sancionar porque los dueños de las grandes cadenas son muy poderosos y creen que pueden manejar al Estado”.

“La especulación de grupos económicos es un delito. La vida de las personas está por arriba del mercado. No es un problema económico, sino de salud. En lo único que piensan estos empresarios, es en poner 2 y llevarse 5. Es lo único que saben hacer. Hay que ponerse firmes y hacer cumplir las normas vigentes”, finalizó.

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