El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires repudió a través de un comunicado público, los “escraches” y las movilizaciones que se llevan adelante en diferentes Departamentos Judiciales bonanerense en contra de los jueces, sobre todo del fuero de Ejecución Penal, a quienes acusan de no otorgar beneficios para los presos.
“Algunas organizaciones de personas detenidas (aparentemente en acuerdo con algún abogado de la matrícula) se han manifestado frente a los edificios de los tribunales de distintos departamentos judiciales y están convocando a dirigirse a los domicilios donde viven las y los jueces, alentando a su extensión y profundización”, denunciaron.
Desde el Colegio, que nuclea a todos los jueces bonaerenses, se refirieron también a la operación política y de prensa que la justicia atravesó al comienzo de la pandemia: “Hace pocos meses otros grupos han denunciado y se han movilizado bajo el supuesto de que se estaba abriendo las puertas de las cárceles bonaerenses a todo tipo de delincuentes”.
“Esto fue registrado y amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales. Esa situación, que no existió entonces, encuentra su contracara ahora, con la denuncia de que las y los magistrados no hacen lugar a ningún pedido de excarcelación”, añadieron.
Consultada por este repudio, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón, la defensora oficial Mercedes Conti, manifestó a No Ficción su “preocupación por la situación. Esperamos que esta medida adoptada por el Colegio desaliente la actitud de aquellos que impulsan estas acciones”.
“Defiendo el trabajo de las dos juezas de Ejecución de Morón a quienes conozco y puedo dar fe del esfuerzo que hacen a diario”, insistió Conti.
“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires exhorta a las autoridades de los tres Poderes del Estado provincial a manifestarse públicamente y contribuir a poner fin a esta sucesión de versiones contradictorias e insostenibles, que tienen como claro objetivo presionar a las instituciones con fines particulares o sectoriales”, concluyeron desde la entidad.
Foto: La Nueva
