Jueces penales bonaerenses critican la Ley de Víctimas: “dilata los procesos sin solucionar los problemas”

En un comunicado, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires cuestionó la norma sancionada ayer en Diputados y que se debatirá en el Senado.

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La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer un comunicado en el que cuestiona el proyecto de Ley de Victimas, que fue aprobada con cambios ayer en la Cámara de Diputados bonaerense y volverá a debatirse en el Senado. La norma propone otorgar mayor participación y garantías durante el proceso a los afectados por delitos y asistencia jurídica gratuita cuando no puedan afrontar los gastos.

En diálogo con No Ficción, el secretario de la Red de Jueces, el titular del TOC 4 de Morón, Pedro Rodríguez, expresó que “el proyecto pretende cosas que muchas veces ya están en el Código Procesal actual y que se hacen, y lo que terminará haciendo esta Ley es multiplicar audiencias con asistencia de la víctima para cada resolución que debe tomar el juez, lo cual es costoso, ineficiente, burocrático y termina molestando a la víctima durante todo el tiempo no solo del proceso sino incluso de la duración de la condena del imputado”.

En su comunicado “Luces y sombras del proyecto de Ley de Víctimas Bonaerenses”, la Red cuestionó que la norma en la provincia “parece tomar como modelo la Ley Nacional de Víctimas (ley 27.372), cuya confección está claramente pensada para un sistema donde el juez instruye y decide las causas”, mientras que “la provincia lleva más de dos décadas de sistema acusatorio, donde el aproximadamente 95% de los casos iniciados, son tramitados y definidos por el Ministerio Público Fiscal (MPF)”.

Por eso sostuvieron que “es sustancial diseñar una ley que se adapte a nuestro modelo, claramente distinto al Nacional, y así brindar una intervención eficaz a las víctimas” y para esto “deben diseñarse dispositivos que tornen útiles sus intervenciones, sin que ello importe molestias constantes para el ciudadano”. En otras palabras: acelerar los procesos ya existentes.

Es que, según el comunicado, “la mayor parte de las intervenciones de la víctima promovidas por la ley con media sanción ya están legisladas (por ejemplo, el patrocinio jurídico gratuito para víctimas, el derecho a ser informada y a revisar los archivos y desestimaciones fiscales) o son actividades ya habilitadas para el Particular Damnificado”.

Además, desde la Red de Jueces Bonaerenses aclararon: “nuestro procedimiento –a diferencia de otros– permite una amplia intervención de la víctima ante la jurisdicción, pues al constituirse en particular damnificado, ofrece prueba y actúa en la investigación (art. 79 CPP), acusa (art. 334 bis CPP) e interpone recursos en los mismos términos que el fiscal (art. 423 CPP)”. Además, manifestaron su desacuerdo con el rol activo que le da el proyecto a las víctimas para intervenir (controlar) cuando un condenado cumple su pena.

“La enorme mayoría de las víctimas no quieren ser molestadas, e incluso verían con preocupación que sus datos personales queden expuestos al ser convocadas en actuaciones que pueden ver los condenados, sus defensores, amigos o familiares”, añadieron desde la entidad. Sí coincidieron con el proyecto en la creación de un cuerpo de abogados de la víctima, ya que “podría incorporar información y estrategias investigativas, específicamente pensadas para el caso particular, agregando recurso humano, interesado, dinámico y desburocratizado”.

La Red de Jueces concluyó que “multiplicar audiencias con la víctima para cada resolución, como proyecta la ley con media sanción del Senado Bonaerense, dilata el proceso, sin solucionar el problema. La víctima solo expresa su dolor y eso no es prueba; su participación, sin asesoramiento letrado, bien puede generar planteos y proliferación de recursos que, como es presumible, influirán desfavorablemente en los tiempos de duración de los procesos (a menudo, suficientemente largos)”.

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