Familiares de víctimas de zona oeste repudiaron beneficios a los presos en riesgo de Covid-19

También se manifestaron en contra de que los detenidos tengan celulares durante la cuarentena. Familiares de Matías Gandolfo, Araceli Fulles, Juan Miranda, Matteo Villica y Sergio Jasi, entre los indignados.

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Este domingo, la diputada Provincial Carolina Píparo hizo pública la amenaza que recibió por parte del delincuente que le disparó en julio de 2010 y produjo la pérdida de su embarazo. El mensaje daba cuenta de un problema que ya había sido alertado por familiares de víctimas de la inseguridad: por el coronavirus el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires autorizó el uso de celulares de todos los presos y ya concedió 800 arrestos domiciliarios por formar parte del grupo de riesgo.

Es por eso que esta semana comenzó a circular una campaña para que los jueces nieguen las prisiones domiciliarias de los detenidos por asesinatos. Según le dijo a Télam el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, la medida se adoptó para «reducir el riesgo de propagación del coronavirus en la población privada de la libertad». Sin embargo, este lunes ya hubo presentaciones para dejar sin efecto esta medida y la de concederle a los detenidos celulares para comunicarse con familiares.

El reclamo lo lleva adelante la Usina de Justicia (UJ) y Fortalecidos por el Dolor, asociación de Vecinos de la localidad de San Martín. Detrás de ambas organizaciones aparecen nombres conocidos de la zona oeste: la madre de Matías Gandolfo, el joven muerto a puñaladas en 2014 por un delincuente en Villa Bosch; la hermana de Juan Miranda, el profesor de artes plásticas acribillado a balazos en San Martín; la mamá de Araceli Fulles, la joven hallada estrangulada en abril de 2017 en José León Suárez y el papá de Matteo Villica, el adolescente asesinado por delincientes que se movilizaban en moto en diciembre de 2018 en la localidad de Loma Hermosa.

También forma parte del pedido Laura Romero, la ex pareja de Sergio Jasi, el joven que murió tras un operativo de la Bonaerense en abril del 2019. En diálogo con No Ficción explicó: «Nos oponemos a que esto siga pasando y queremos que se revise a quienes les permitieron volver a sus casas, ya que pueden fugarse, o cometer nuevos ilícitos y matar a alguien». Según se informó, los presos salieron con algún tipo de restricción, como una tobillera electrónica, pero a otros solo se les constató su domicilio.

«Es de público conocimiento que les permitieron legalizar los teléfonos a todos los detenidos de todas las unidades carcelarias, también con motivo de la pandemia, porque no podrán tener visitas, y dejaron así ingresar celulares, tablets y notebooks», comentó Romero. La ex pareja de Jasi manifestó su desazón: «si un simple preso puede tener tantos beneficios, que puedo esperar yo de la Justicia cuando a mi marido lo mató la policía corrupta».

Un día después de las declaraciones de Conte Grand, los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires pidieron el viernes que sean liberados todos los presos bonaerenses, tanto en cárceles como en comisarías, que sean considerados población de riesgo ante el posible ingreso del coronavirus a los penales provinciales. Ahora, queda esperar si la Suprema Corte Bonaerense da lugar al pedido de familiares de víctimas y retrotrae la medida.

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