La investigación judicial que derivó en decenas de allanamientos, clausuras y detenciones por una presunta red de clínicas ilegales en La Matanza comenzó a abrir nuevas puertas. En las últimas horas, salió a la luz que numerosas escuelas públicas del distrito habían contratado servicios de emergencia médica con la firma “Argentina Salud”, actualmente bajo investigación por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentación.
Según pudo reconstruir este medio a partir de testimonios de directivos y documentación interna que comenzó a circular entre las instituciones educativas, gran parte de las escuelas de zonas como González Catán y Virrey del Pino tenían vínculo contractual con la empresa.
En algunos casos, los establecimientos abonaban cerca de 144.700 pesos mensuales por un servicio que contemplaba hasta cinco llamados (traslados) por mes. Otros directivos optaban por planes anuales que rondaban los 1.800.000 pesos por diez intervenciones.
Las fuentes consultadas sostuvieron que las contrataciones habrían sido realizadas directamente por equipos directivos y cooperadoras escolares.
El nuevo escenario comenzó a tomar dimensión luego de que circulara entre las escuelas un pedido para que las instituciones que contrataron a Argentina Salud realicen denuncias policiales formales.
“Se solicita a los equipos directivos de las escuelas que hayan contratado a ARGENTINA SALUD que se acerquen a la comisaría correspondiente a su zona para realizar la denuncia pertinente”, señala el mensaje difundido entre autoridades escolares.
Incluso se detallaron dependencias policiales específicas para cada localidad y se solicitó posteriormente enviar copia de las denuncias a una dirección de correo vinculada a cooperadoras escolares del distrito.
La causa judicial está a cargo del fiscal Fernando Garate y del juez de Garantías Rubén Ochipinti. La investigación tuvo al menos 29 detenidos y otros tantos demorados durante los procedimientos realizados en distintos puntos de La Matanza.
Los allanamientos alcanzaron clínicas y policonsultorios ubicados en González Catán, Virrey del Pino, San Justo e Isidro Casanova, mientras que el Municipio avanzó con la clausura de al menos diez establecimientos vinculados a la firma investigada.
La Justicia investiga presuntas maniobras de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de recetas y documentación, comercialización irregular de medicamentos y posibles operaciones de lavado de dinero.
Uno de los puntos que activó la investigación fue la denuncia de una médica, Robina Neira, quien habría detectado el uso irregular de su identidad profesional para emitir documentación médica.
Además, los investigadores analizan una hipótesis todavía más delicada: que parte de la estructura sanitaria clandestina podría haber sido utilizada para canalizar dinero proveniente de organizaciones vinculadas a la piratería del asfalto.
Ahora, el expediente comenzó a impactar también en el ámbito educativo. La aparición masiva de contratos entre escuelas públicas y Argentina Salud abrió interrogantes sobre cómo la empresa logró instalarse en el sistema escolar del distrito, quién recomendaba el servicio, qué controles existían sobre sus habilitaciones y cuántos establecimientos terminaron vinculados a la firma.
Directivos consultados por este medio reconocieron preocupación por el alcance del caso y por la posibilidad de que decenas de instituciones hayan operado durante años con una empresa hoy sospechada de montar una estructura sanitaria irregular.
Mientras tanto, la investigación continúa sumando documentación y testimonios. Y el escándalo, que comenzó con allanamientos en clínicas privadas, ahora amenaza con escalar hacia uno de los sistemas más sensibles del distrito: las escuelas públicas de La Matanza.
