El Plan de Infraestructura Penitenciaria 2020-2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense tendrá un fuerte impacto en la zona oeste del conurbano, donde el gobierno provincial prevé la construcción de al menos seis alcaldías en la región para paliar la grave situación de hacinamiento en las comisarías.
Este programa tiene como objetivo la creación de 30 alcaldías de 300 plazas cada una en 25 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Estas dependencias serán construidas bajo el sistema modular, el mismo que se utilizó para armar los hospitales de emergencia por la pandemia del Covid-19.
“El diseño de las alcaldías será realizado y contratado en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y aprobados bajo parámetros internacionales”, detalla el proyecto.
Si bien no está confirmado cuántas irán a cada distrito, ya se sabe que la región oeste contará con estas nuevas estructuras en La Matanza, Moreno, Merlo, Morón, Tres de Febrero y Hurlingham, por lo que a razón de 300 detenidos en cada lugar, la capacidad de alojamiento crecerá en al menos 1800 presos más.
“El objetivo es disminuir las condiciones de hacinamiento del sistema penitenciario bonaerense”, expresa oficialmente el proyecto.
El rol de la justicia
El mencionado Plan de Infraestructura estipula que las alcaidías comiencen a construirse a partir del año que viene. Atendiendo la urgencia, el lunes la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías Penal de Morón hizo lugar a un Hábeas Corpus presentado el mes pasado por la Defensoría General del Departamento Judicial de Morón en donde se planteó el hacinamiento registrado en los sitios de encierro.
Tras analizar la situación, los camaristas Fernando Bellido, Diego Grau y Fabian Cardoso ordenaron “la prohibición de alojamiento de personas privadas de la libertad en las seccionales policiales del Departamento Judicial Morón, por encima del cupo ideal disponible para cada dependencia”.
Además, el fallo establece que las autoridades deberán “asegurar el distanciamiento recomendado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para satisfacer las exigencias de la higiene, volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción, ventilación y alimentación”.
De igual modo, la Sala ordenó que “el 80% de la capacidad de la Unidad Carcelaria Nº 39 de Ituzaingó sea destinado de manera exclusiva, al alojamiento de las personas privadas de la libertad que se encuentren a disposición de los Magistrados del Departamento Judicial de Morón“. Hoy, la mitad de los 725 presos del penal no están vinculados a las causas de los jueces locales.
Según se le informó a la justicia, “las comisarías presentan una cantidad real de detenidos que no solo superan el cupo ideal, sino que lo triplican o incluso lo exceden”. Por caso, se menciona a la Comisaría de Ituzaingó Cuarta donde se encuentran alojados 25 presos, siendo que el número ideal es de 6; en Hurlingham Primera, hay 23, cuando la capacidad es de 6; en Merlo Primera, de un cupo ideal de 21, se alojan 64 detenidos; Morón Primera posee lugar para 13 personas y se encuentran 46.
En total, de un cupo ideal de 158 personas se encuentran detenidos 419, de los cuales 180 tienen el pedido u orden de remisión al Servicio Penitenciario Bonaerense, lo que da una sobrepoblación de 261 detenidos en comisarías.
En el fallo, los jueces contemplaron la terminación de un Centro Sanitario Modular en el penal de Ituzaingó prevista para el mes que viene; el inicio de las mencionadas alcaidías en el territorio departamental (en los municipios de Merlo, Morón y Hurlingham); y la totalidad de diez casas para el régimen de pre-egreso en Ituzaingó. Más allá de esto, los magistrados adelantaron que solicitarán al Ejecutivo provincial que se priorice “la construcción de al menos una alcaidía con asiento en el Departamento Judicial Morón, para ser asignada al alojamiento de internos de esta jurisdicción”.
Por su parte, tras la resolución de la Cámara, No Ficción pudo saber que el Servicio Penitenciario Bonaerense ya dispuso el traslado de 88 detenidos en comisarías a unidades penales de la región.
