A Adrián Almaraz le quedan pocos movimientos. Su última apuesta puede ser apenas una apelación judicial. Ayer, el Juzgado Correccional N° 5 de Morón lo condenó a un año de prisión y a pagar 300 sueldos básicos. El ocaso de El Rey del Juego, el hombre que desde su fortaleza de Castelar sur llegó a administrar las apuestas clandestinas de la región oeste del Conurbano.
El Rey no irá a la cárcel porque se trata de una contravención y no registra antecedentes penales. Sin embargo, le dieron donde más le duele: el bolsillo. Además de la cuantiosa multa que le impuso la jueza Graciela Angriman, no podrá hacerse de los elementos secuestrados el año pasado en su búnker de Bustamante al 2800. El botín representa unos 20 millones de pesos.
Ese 1° de septiembre, agentes del Grupo Halcón e inspectores de Loterías y Casinos tenían que llevar adelante ocho allanamientos, si bien cuatro de ellos se cayeron porque algún policía infiel filtró el dato, el más importante, el de la casa de Almaraz, dio positivo.
Deberá pagar 300 sueldos básicos de multa y no volverá a ver los 20 millones de pesos secuestrados en su bunker de Castelar
Luego de sortear los muros y alambrados electrificados, los policías lograron entrar al lugar y secuestrar unos 650 mil dólares, 300 mil pesos y 10 mil euros. También se llevaron 22 computadoras, 13 fax y otros tantos servidores para ser analizados. Pero el hallazgo más importante fueron unos 15 sobres con dinero dirigidos a las comisarías de la región dejando al desnudo la connivencia policial.
Además de Almaraz, la jueza Angriman condenó a las siete empleadas que el Rey del Juego tenía en su fortaleza. Para ellas la pena fue mucho menor: dos meses de prisión en suspenso y una multa de 20 sueldos básicos a pagar en 60 cuotas.
En tanto, otras dos sospechosas resultaron absueltas. Se trata de dos mujeres que trabajaban en locales de la periferia y que presuntamente levantaban apuestas clandestinas para Almaraz. Los investigadores no encontraron pruebas suficientes en su contra y retiraron la acusación.
Sistema blindado
La resolución judicial contempla el envío del expediente a la UFI N°3 de Morón que investiga un desprendimiento de la causa de la jueza Angriman. El fiscal Walter Leguisamo debía establecer, o no, la complicidad policial y la cobertura de la fuerza a través del pago de sobornos por parte de Almaraz. Sin embargo, este expediente está archivado desde el 21 de diciembre a la espera de nuevas pruebas. Y, como si fuera poco, por “un tecnicismo” terminaron sospechados los policías que realizaron el allanamiento en la casa de Almaraz.
La contracara de la actuación de la fiscalía fue la investigación de Asuntos Internos de la Bonaerense que ya identificó a 16 agentes –varios de ellos jefes policiales- que no pudieron justificar por qué el patrullero que tenían a su cargo se demoraba más de la cuenta frente al búnker del Rey del Juego.
Estos efectivos sospechados tienen unos días más para hacer su descargo en Asuntos Internos. Después, el Ministerio de Seguridad de la provincia resolverá si los suspende o los echa de la fuerza. Mientras tanto, la justicia analizará si les imputa algún delito penal.
