La Policía Federal Argentina detuvo ayer a seis miembros de una banda de falsificadores que operaba en Moreno. Según se informó, el cabecilla cayó en la sede municipal. El ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, llevó adelante 10 allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la provincia.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia que se presentó en la UFI 4 de Moreno. Un hombre identificado como Elvio N. aseguraba haber recibido amenazas de muerte y brindó información que permitió estudiar todo un sistema criminal que involucraba a personal de la Municipalidad, de la oficina de UPCN en el distrito y del área de Educación provincial.
Elvio N. trabajaba como auxiliar en un jardín de infantes de la localidad de Cuartel V. En 2015 fue detenido por tenencia de estupefacientes, recuperando su libertad en 2017. Fue entonces cuando una mujer con vínculos en la intendencia de Moreno se le acercó y le propuso un trato: a cambio de 10 mil pesos, podía gestionar una serie de maniobras que le permitieran cobrar el sueldo de todos los meses en los que había estado en prisión.
Tras aceptar el acuerdo, se puso en contacto con la principal organizadora de la banda, empleada municipal y tía de la mujer con la que había tratado anteriormente. Allí surgió una diferencia importante en el momento del pago. A Elvio N. le exigieron más dinero y, al no poder afrontarlo, comenzaron a amenazarlo de muerte.
El tono de las amenazas fue tan fuerte que lo llevó a realizar la denuncia. Allí narró la mecánica delictiva, que se unió a otra acusación que había sido recibida por el presidente del Consejo Escolar de Moreno, indicaron en un comunicado del Ministerio de Seguridad que obvió mencionar que se trataba del interventor Sebastián Matías Nasif, quien debió renunciar luego de que explotara una escuela y murieran su vicedirectora y el portero. Esa denuncia previa, implicaba la presentación de licencias médicas apócrifas, certificados analíticos y otras documentaciones falsificadas.
La División Investigación de Delitos Violentos de la Policía Federal, comandada por Néstor Roncaglia, trabajó junto a personal de Homicidios en la elaboración de un informe que resumiera los roles de los diferentes integrantes de la red: la mujer que se acercaba con las propuestas; su tía, autora de las amenazas; la madre de esta última, quien junto a otra involucrada oficiaba de nexo con trabajadores desleales de UPCN; y dos responsables de las maniobras fraudulentas de carga de datos en la Dirección de Educación de La Plata.
Las detenciones se concretaron en el marco de diez allanamientos simultáneos que posibilitaron, además, identificar a otras personas que habrían utilizado este mismo mecanismo para hacerse con certificados de manera ilegal.
