Con una clara intencionalidad electoral y con ánimo de atacar a la gestión municipal, el diputado de Cambiemos Eduardo Amadeo disparó días atrás que “La Matanza, es un enorme basural” y desató la polémica. No obstante, el problema de fondo rara vez aparece en la agenda de los dirigentes en campaña y lo cierto es que el conurbano tiene un problema que parece no tener cura: los basurales clandestinos a cielo abierto.
La postal se repite. Barrios enteros donde no llegan los camiones recolectores y los vecinos recurren a los “carreros” para deshacerse de los residuos. Todo termina en alguno de los denominados “puntos de arrojo” donde se descarta la basura, la mayoría de las veces de manera ilegal. Hasta 2018, según los últimos datos oficiales, sólo dos distritos de zona oeste contenían en su territorio el 50% de los basurales existentes en el área de influencia de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Así lo indica un relevamiento de la ACUMAR, actualizado en 2018, que refleja que en toda la zona, que abarca a 12 municipios, se registraban 301 basurales de distinto tipo. De ese total, 129 estaban en La Matanza y 8 en Merlo.
La Ley de Residuos Sólidos Urbanos establece que la gestión de la basura es competencia de cada municipio. Pero no todos los distritos son iguales ni tienen los mismos fondos. “En la Provincia de Buenos Aires hay un pequeño fondo que se cobra en tasas provinciales, pero que sólo cubre el gasto de la Ceamse y no alcanza para nada más”, explicó a No Ficción Miguel Lozupone, director del Programa de Cambio Climático de la Universidad de la Defensa Nacional.
“El problema es financiero, porque lo que los municipios recaudan no alcanza para cubrir el gasto que implica la gestión de la basura. Sólo dos municipios logran cubrirlo: San Isidro y Ezeiza“, explicó Lozupone. En esa línea, el director del Instituto de Medioambiente de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Mariano Jäger alertó: “el problema es presupuestario, los municipios no invierten lo suficiente para combatir los basurales”.
Datos como los de ACUMAR también pueden encontrarse en la otra cuenca que atraviesa gran parte de la zona oeste: la del río Reconquista, que comprende municipios como Moreno, Merlo, Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Tres de Febrero, entre otros. Allí se registraron en 2017 más de 400 asentamientos y al menos 205 basurales o puntos de arrojo. De un lado o del otro, la rueda gira igual: se trabaja en el saneamiento pero no en la prevención. Y todo vuelve a empezar. ¿Pero por qué?
El negocio de la basura
“Hay denuncias en el ACUMAR por sospechas de que esto podría ser un negocio de las empresas saneadoras de basurales, que cada dos o tres meses vuelven a hacer el trabajo porque no hay controles y todo termina siendo una caja”, contó Lozupone, quien también es asesor en la Auditoria General de la Nación en temas ambientales. “No sé si hay corrupción, pero sí hay desidia: si no prestas el servicio, la gente en algún lado va a poner los residuos”, manifestó el especialista.
Ante las sospechas de corrupción, los municipios lejos están de mostrar todas sus cartas. “En la Ciudad de Buenos Aires el presupuesto de medio ambiente está detallado por programas, desde reciclado hasta el de recolección. Pero en los municipios eso no es una práctica común, y el vecino nunca termina sabiendo cuánto sale y cómo se paga el servicio. Eso hace que haya desinterés en el tema”, remarcó Lozupone.
Para Jäger el problema se explica también por las desigualdades incluso dentro de los mismos municipios: “no es la misma situación en Ramos Mejía que en González Catán o Virrey del Pino, donde hay barrios sin siquiera servicios de recolección. La Matanza ahí tiene la principal dificultad”. Es claro: a las zonas más urbanizadas llegan aquellos programas que en realidad hacen falta en los lugares más postergados. Y así los basurales se vuelven a llenar al día siguiente de ser saneados, convirtiéndose en los hechos en plantas ilegales de transferencia de basura a cielo abierto.
