La ex concejal de Hurlingham, Andrea Giorgini, se incorporó al equipo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como directora nacional de Registro y Delegaciones para “modernizar la gestión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)”, según informaron en un comunicado. Dicho de otro modo, tendrá un rol clave en el blanqueo de armas ilegales que impulsa el gobierno a través de un proyecto de Ley.
“Es un gusto para mí asumir este nuevo desafío y aportar mi compromiso y mi experiencia, ya no sólo como parte del equipo político, sino también en la gestión pública”, expresó Giorgini tras la designación oficial que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Con esta designación, Giorgini colaborará con Juan Pablo Allan y Pablo Walter “para hacer de la Agencia un organismo de registro moderno en la lucha contra la inseguridad en todas sus formas”, completó la mujer de confianza de Bullrich en Hurlingham y quien fuera candidata a intendente en las Elecciones 2023.
Giorgini es abogada, fue directora de la ANSES en Hurlingham e impulsó el censo de seguridad a nivel local.
Blanqueo y desarme
La política que promueve el gobierno neoliberal de Milei en materia de armas es por lo menos ambigua. Hace unos meses, presentó un proyecto de Ley que lleva la firma de Bullrich, del presidente y del entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, eyectado de la gestión. En la iniciativa se plantean dos cosas: por un lado, promover la regularización de las armas ilegales que están en manos de civiles; y por el otro, la prórroga del Plan de Desarme, que está vencido desde diciembre de 2023.
En los fundamentos del proyecto se describe que tras 50 años de decretos, resoluciones ministeriales y leyes tendientes a regularizar el registro y la autorización de las armas de fuego, “todavía existe un número significativo en circulación en todo el territorio nacional”.
“Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y la muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a que más de 800.000 armas estén en una situación irregular”, resumieron.
De aprobarse la Ley, se establece que de manera excepcional queden “exentas de ser pasibles de acción penal las personas humanas o jurídicas por la tenencia ilegal de armas de fuego de ‘uso civil’ o de ‘uso civil condicional’ previstas en el artículo 189 bis del Código Penal” siempre y cuando pongan en conocimiento de las autoridades las intenciones de “blanquear” la situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
“El Estado parece bajar una política muy peligrosa, en la que le da lo mismo si las personas entregan y destruyen su arma de fuego o si la mantienen en forma legal, volviendo a la vieja idea de que el problema no son las armas de fuego sino las armas de fuego ilegales. Ante esto debemos reafirmar que las armas son siempre un problema; las legales tal vez no se utilicen para robar, pero pueden ser usadas para cometer femicidios, resolver un conflicto interpersonal, generar accidentes o cometer suicidios”, resumió en una reciente nota publicada en Tiempo Argentino, Julián Alfie, el director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) que viene trabajando la problemática hace años.
