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El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín, a cargo de los jueces Raúl Luchelli Ramos, Carolina Martínez y Mónica María Carreira, decidió absolver al cura Carlos José, acusado de haber abusado de Mailín Gobbo durante una década.
Los motivos de los jueces se basan en la prescripción de algunos delitos y el beneficio de la duda, en otros.
Gobo tiene hoy 33 años y denunció al cura del Colegio San José Obrero Caseros en abril de 2017, por abusos cometidos cuando ella tenía entre 12 y 21 años, en el citado establecimiento. Tras la denuncia, el sacerdote permaneció tres años y medio en prisión preventiva y fue expulsado de la institución.
Los abogados de la víctima Héctor Silveira y Alejandro Stipancic habían solicitado la pena máxima.
Stipancic aseguró a No Ficción que el fallo es “es una vergüenza, es indignante”. “No visualizaba ninguna chance de que ocurriera algo así. El fallo es deplorable y me parece absurdo haber celebrado el debate, si de la mitad de los hechos iban a declarar la prescripción”, planteó el letrado.
Stinpancic recordó que 12 de los 13 casos en contra del cura habían quedado en el camino, en instancias judiciales previas, y amplió: “Del único hecho que llegó a juicio, que declaren la mitad proscripto y para la otra mitad pongan el beneficio de la duda en pos de beneficiar a alguien que nunca ofreció que le hagan pericias psiquiátricas y psicológicas, me parece totalmente absurdo”.
El abogado remarcó que “la perito del Tribunal, que es totalmente imparcial, corroboró el relato de Mailín; la única que puso el cuerpo para que se le practiquen pericias fue la víctima, nunca el acusado”.
En cuanto a la prescripción, “no comparto en nada los argumentos”, ya que “las víctimas denuncian cuando pueden, no cuando quieren”. En ese sentido, destacó las convenciones internacionales de los derechos del niño y la convención para erradicar la violencia contra las mujeres, a las cuales Argentina está adherida.
«El beneficio de la duda es más absurdo aún, ya que los testigos que presentó la defensa no pudieron probar nada”, mientras que “nuestros testigos comprobaron indudablemente los hechos”, afirmó.
A partir de ahora, los pasos a seguir son “hacer la presentación de un recurso de Casación”. En caso de no obtener una respuesta favorable, “seguiremos a la Corte provincial y, si no, la Corte nacional y, si no, iremos a la convención interamericana de DDHH”.
Finalmente, el letrado razonó: “Argentina forma parte de los tratados internacionales y los jueces tienen la obligación de fallar en ese sentido. Si no, ¿qué garantía tiene la víctima? Ninguna. No solo ella, sino el resto de las chicas que fueron abusadas. Y todos los chicos que son abusados, ¿qué pueden esperar, si la Justicia te dice que no, que debías haber denunciado antes”.