La madrugada del 31 de enero del 2009 desapareció Luciano Nahuel Arruga, un chico de 16 años de Lomas del Mirador. Su familia desde entonces comenzó una búsqueda intensa con serias sospechas hacia el accionar de los oficiales de la Bonaerense, sobre todo los del destacamento cercano al Barrio 12 de Octubre. Es que los agentes de esa seccional hacía más de un año que solían detener al adolescente y golpearlo por supuestos robos.
Hoy se cumplen 13 años de aquella madrugada en la que fue visto por última vez con vida. Durante 5 años y ocho meses su familia, que conformó la organización Familiares y Amigos de Luciano Arruga, lo buscó intensamente. Mientras tanto, el Poder Judicial de La Matanza no brindó respuestas concretas ni puedo establecer qué pasó con el chico aquella noche.
Ahora, la familia junto a la APDH La Matanza y el Centro de Estadios Legales y Sociales (CELS), insiste por el juicio político y la destitución de los funcionarios judiciales que por acción u omisión no lograron encontrar a Luciano en los cuatro años que tuvieron a cargo la causa.
Por un lado, lo familiares y allegados del joven apuntaron a la fiscal Roxana Castelli, quien fue la primera en recibir la denuncia de la familia por la desaparición y caratuló la causa como “averiguación de paradero”. Además, puso a la misma Bonaerense a peritar e investigar el caso. Es decir, la misma fuerza se investigó a si misma.
Ante esta irregularidad, Castelli fue apartada y el expediente quedó en manos de la fiscal Celia Cejas, quien tomó una decisión llamativa: intervino los teléfonos de Vanesa Orieta, hermana del chico, y de su mamá, Mónica Alegre. Es decir, investigó a las víctimas. Todo esto ocurrió con autorización del juez de garantías Gustavo Banco, quien debía tutelar por el normal desempeño de los funcionarios y autorizó esas medidas contra los denunciantes.
Finalmente, y sin respuestas concretas, el 9 de enero del 2013 el juez Banco se declaró incompetente y pasó la causa al fuero Federal, ya que reconoció que se trataba de una desaparición forzada, algo que la familia alertó desde un primer momento.
Poco más de un año después, con el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso y el juez federal del mismo departamento judicial, Juan Pablo Salas, el cadáver de Luciano Arruga apareció enterrado como N.N en el cementerio de la Chacarita.
¿Cómo se llegó a encontrar su cuerpo? Por algo tan básico como el cotejo de huellas dactilares, que realizó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ahora se sabe que la noche de su desaparición Luciano fue impactado por un auto en la Avenida General Paz y Emilio Castro. Fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital Santojanni donde lo operaron. Falleció a las 8 de la mañana del 1 de febrero de 2009.
Tomás Griffa, abogado del área Litigio y defensa legal de CELS expresó ante la consulta de este medio que “si bien hay demoras al juicio político a Castelli, Cejas y Banco, el pedido está vigente”, y confirmó: “hemos presentado un escrito para que se declare la admisibilidad y comience el Jury, y sino dan lugar, apelaremos”.
Si bien el tribunal hizo lugar al planteo realizado por el CELS y reconoció la afectación al derecho de acceso a la justicia para la familia de Luciano, el proceso sigue demorado.
La causa penal que investiga la justicia federal
Se están por cumplir 10 años de que la causa Arruga por la desaparición forzada seguida de muerte esté en la justicia federal de Morón. Sin embargo, hasta ahora el fiscal Basso y el juez Salas no pudieron imputar a ningún sospechoso, entre los que la familia advierte que hay 8 policías.
Fuentes con acceso al expediente indicaron a No Ficción que “lo último que se hizo es tomarle declaración al personal médico del Santojanni y a los miembros de la comisaría 42 de Mataderos” que acudieron a la General Paz cuando reportaron que un joven había sido atropellado.
Vale recordar que hubo un fallo previo en la causa Arruga, donde en mayo de 2015 se desarrolló el juicio al policía Julio Diego Torales por las torturas de septiembre de 2008 a Luciano. “Estuvo desde la una hasta las ocho de la noche incomunicado, un niño en estado de vulnerabilidad, Torales lo golpeó en el rostro y en el cuerpo, junto con otros dos oficiales. Sólo teníamos un papel de documento en trámite”, recordó Orieta en su testimonio.
Finalmente Torales fue condenado a 10 años de prisión efectiva que aún cumple. Ese antecedente es la principal pista de lo que pudo haber ocurrido con Arruga la noche del 31 de enero del 2009.
