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La conmoción por la violación en grupo en Palermo sigue generando un debate en torno a cómo abordar este tipo de delitos en un contexto donde la violencia por motivos de género no cesa. Mientras distintos sectores discuten las posibles consecuencias jurídicas de la difusión de los rostros de los seis imputados del caso, también hay quienes piden endurecer las penas o tener identificados a los abusadores.
El ex diputado Nacional y dirigente matancero, Miguel Saredi, volvió a insistir por la sanción de un proyecto de Ley que había presentado en 2003 y nunca fue discutido. Se trata del llamado “Registro de Violadores”, muy parecido a la Ley Megan de Estados Unidos, que exige a las autoridades que hagan pública la información sobre los delincuentes sexuales condenados en sitios web gubernamentales.
“El registro tiene una finalidad preventiva y disuasoria, porque lo que hace es tener en cuenta la imputabilidad y reincidencia permanente de quienes cometen este tipo de delitos sexuales. Incluso en el caso de Palermo parece que alguno de los implicados ya tenía alguna denuncia al respecto”, explicó Saredi ante la consulta de No Ficción.
En ese sentido, el ex diputado Nacional aclaró: “el proyecto que yo presenté hace más de 20 años es muy similar al de la legislación internacional, que ya existe en la materia, que es un registro que va dentro del registro de reincidencia”.
Saredi especificó cómo sería su funcionamiento en nuestro país: “el registro indica a consejos escolares, intendentes, comisarías y otros sectores oficiales cuando hay una persona condenada por cualquier tipo de delito a la integridad sexual. Insisto que esto se justifica en dos características: la imputabilidad de la mayoría de los que cometen estos delitos y la reincidencia”.
Vale aclarar que en nuestro país se sancionó en 2013 un «Registro de violadores», que recién comenzó a implementarse en 2018 y que recopila los datos genéticos de condenados por delitos contra la integridad sexual para facilitar el esclarecimiento de hechos que sean objeto de una investigación penal. Es decir, son datos a los que acceden los poderes judiciales de todo el país.
