La Asociación Mami, junto a víctimas de violencia vicaria, se movilizaron este viernes a los Tribunales de San Martín, en apoyo de Lorena Sartori, una mujer que denunció haber sido separada de su hijo durante años por presuntas maniobras ejercidas por su expareja, un influyente empresario, en la Justicia. Hace unos días, Sartori acusó penalmente al hombre de haberle suministrado pornografía al menor, mientras el Fuero de Familia sigue sin definir la suerte del chico.
Vale decir que se denomina “violencia vicaria” a aquellas acciones en donde un hombre para amedrentar a su ex pareja, le hace daño a los seres queridos de ella como pueden ser sus hijos. Los casos más extremos, son los llamados “femicidios vinculados” en donde el agresor termina asesinando a los niños.
“Hace un mes, en una de las pocas veces que pudimos salir a pasear con mi hijo, descubro un delito grave del progenitor hacia él. Me dirijo a radicar la respectiva denuncia y pongo a resguardo a mi hijo esperando estar acompañada por el Juzgado de Familia N°3 de San Martín, siendo que el progenitor quedó imputado en el fuero penal”, explicó la mujer a No Ficción.
De todas maneras, Sartori indicó que “desde entonces, la jueza Graciela Edith Garcete no ha parado de hostigarnos, perseguirnos, amenazarnos”. Según pudo reconstruir este portal, la pareja tiene problemas de larga data, con denuncias cruzadas. Hace unos años, el Juzgado de Familia N°3 de Córdoba, a cargo de Eugenio Tavip, le había dado la tenencia de la criatura al padre, hasta que tras ciertos episodios de violencia de su parte –según contó Sartori- el juez se declaró incompetente.
El abogado que asesora a la mujer, Juan Pablo Gallego, explicó a este medio que “se está ante la paradoja de que por un lado hay un investigación muy delicada, a partir de descubrirse el suministro de pornografía a un niño, una investigación que lleva adelante la Fiscalía de San Martín, pero por otro lado, existe un embate de la justicia de familia, del mismo Departamento Judicial, que impide tener un mínimo de estabilidad para avanzar la investigación”.
“Es altamente preocupante y vamos a solicitar a la fiscalía para que tome las medidas necesarias para que esta investigación tan grave, no sea obstaculizada incluso por funcionarios públicos”, continuó el letrado, especializado en casos de abuso de menores.
Gallego detalló que la investigación penal “en lo inmediato va a requerir la convocatoria de las psicólogas que han asistido al niño en esta etapa, que está al buen resguardo con su madre. El niño también va a ser oído y examinado en Cámara Gessel para que pueda relatar lo sucedido. Aparentemente serían múltiples los hechos de suministro de pornografía, o de ser de algún modo coaccionado a visualizarla junto a la persona imputada”.
Por si fuera poco, el abogado concluyó que “existe prueba flagrante, está en poder de la fiscalía muestras que marcan cómo desde el abonado de WhatsApp del imputado se le envía al abonado telefónico del niñito pornografía. Existe un cuadro probatorio realmente muy sólido y flagrante”.
