Si bien en agosto se celebra el día del niño, el Gobierno Nacional también decidió dejarle un regalo a los adultos: el nuevo aumento de tarifas de luz y gas, que tendrían un impacto mayor del 4 por ciento en la factura de los usuarios. Y previamente había dado el visto bueno para que el agua suba más de 5 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde opera AySA.
En el conurbano, las familias con menos recursos comenzaron a recibir boletas con cifras que rondaban los $13.000 en la luz y cerca de $25.000 por el gas. Por eso, las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a recibir cada vez más consultas y reclamos.
“A partir de la política tarifaria del Gobierno de Javier Milei, los reclamos se han incrementado ostensiblemente en las Delegaciones, más aún en las áreas de concesión de Edenor y Edesur”, le aseguró a este medio Gastón Arias, secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
El funcionario que sigue de cerca lo que pasa con la luz, el gas y el agua confirmó que “el incremento en las consultas, reclamos y denuncias por los altos valores de las facturas de luz y gas natural, es de aproximadamente un 45 por ciento con respecto al nivel de reclamos del año 2023”.
Ante esta situación, Arias comentó que el organismo “ha realizado presentaciones y rechazado los aumentos por no ser justos ni razonables, llevando a muchos sectores sociales a quedar inmersos en lo que se denomina pobreza energética, lo que significa que abordar el pago de esas facturas implica perder entre un 15 y un 50 por ciento de los ingresos mensuales en los sectores de clase media”.
La Defensoría del Pueblo de La Matanza le hizo llegar a No Ficción su informe con los datos de la Secretaría de Energía de la Nación. “Para el caso de un consumo promedio de 260 Kwh por mes, un usuario de nivel 1 (clase media/alta sin subsidios) que hasta ahora pagaba $29.951 pasará a pagar $31.253, por lo que desde enero podemos inferir que ha aumentado un 250 por ciento”, indicaron.
“Un usuario de nivel 3 (clase media con subsidios), por el mismo consumo, pagaba en el mes de julio $16.544 y con las subas pasará a abonar $17.228, por lo que el costo interanual está rondando el 385% de aumento”, informaron desde la Defensoría del Pueblo de La Matanza. Y por último, puntualizaron que “el costo de 260 Kwh mensuales para el segmento de menores recursos pasará de $12.714 a $13.222, lo que significa un aumento en lo que va del año del 470%”. Desde el organismo local aseguraron que estos datos son “relativos, ya que casi ninguna familia consume 260 Kwh mensuales”.
Sobre la situación del gas, desde la Defensoría del Pueblo de La Matanza indicaron que “un usuario de nivel 1 que actualmente paga $32.859, pasará a pagar $34.165, por lo que el costo interanual ascendió a un 410%”. Mientras que “un usuario N3 que pagaba en julio $31.724, pasará a abonar $32.985, lo que significa un 560% de aumento interanual”, y por último la gente de bajos recursos (N2) “pasará de pagar $24.543 a $25.519, lo que representa un aumento interanual en su factura del 750%”.
Puede ser llamativo, o no: a los que menos tienen es a los que más le aumentaron la luz y el gas.
El impacto de los tarifazos en el Oeste
“Los aumentos son enormes, y hay dos posibilidades, en caso de que la persona haya tenido un consumo desmedido y que no sea compatible con su historial, se puede hacer una presentación, pero cuando no es así la situación es simple: es porque las tarifas han aumentado de forma descomunal”, le comentó a este medio Silvia Caprino, defensora del Pueblo de La Matanza.
Consultada por el aumento de reclamos al organismo, Caprino aseguró que “en diciembre casi no teníamos consultas por los servicios, pero ahora tenemos muchas por los aumentos porque las personas tienen mucha dificultad para pagar”.
En igual sentido se expresó Germán Navas, delegado en Morón de la Defensoría del Pueblo bonaerense: “se acercan muchos vecinos escandalizados y horrorizados por los elevados montos de las facturas de los servicios públicos, pero cuando corroboramos no es que hay errores, son aumentos autorizados por el Gobierno Nacional”.
Navas remarcó que “más que explicarles cuestiones del consumo eficiente o cómo influyen las políticas de un Gobierno que libera precios, no se puede hacer, porque el 90 por ciento de los casos son aumentos reglamentados por la empresa con la anuencia del Gobierno Nacional». Por si fuera poco, el abogado de Morón analizó: «Tenemos gente que se ha endeudado para pagar las facturas, y después ellos no van a poder pagar las facturas siguientes ni pagar el crédito que sacaron para pagar la luz o el gas, es gente que termina en el veraz”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de Morón, Enrique Pochat, le dijo a No Ficción que “el monto de las facturas en algunos casos es diez veces más que en los meses anteriores, y en el invierno lógicamente es peor, y hay dificultades porque los artefactos que muchas familias tienen son antiguos y no tienen posibilidad de llegar al consumo eficiente”.
Pochat contó que “los organismos nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) hemos planteado al secretario de Energía (Eduardo Rodríguez Chirillo), los graves problemas que sufren en los hogares, y él propuso un plan para facilitar la adquisición de artefactos de energía eficiente”.
Sin embargo, Pochat coincidió también en que “los casos no tienen vías de resolución, porque no son errores en la facturación, pero por ejemplo, en algunos casos las personas electrodependientes no han realizado el trámite para ser contemplados en el registro o no fueron incluidos, por lo que se puede realizar alguna acción”.
En ese sentido, Navas opinó que a las personas “más allá de la contención, no se le pueden dar soluciones porque directamente no existen, y encima los amparos no caminan en el Poder Judicial”.
La Matanza tiene lista la presentación de un amparo
Un funcionario que trabaja codo a codo con el intendente Fernando Espinoza confirmó a este medio que “el municipio está terminando de juntar la documentación correspondiente para aportar y presentar un recurso de amparo respecto a los aumentos desmedidos e impagables para los vecinos, comerciantes y Pymes”. La fuente indicó que la presentación será similar a la realizada en 2016 por la ex jefa comunal y actual vicegobernadora, Verónica Magario, ya que “la presentación la va a hacer el Municipio”.
Consultado por cuáles servicios va a ser presentado el amparo, el funcionario confirmó que van por todo: “luz, gas y agua”.
Sobre la batalla legal, el secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo Bonaerense comentó que “hay otras acciones judiciales iniciadas, sin embargo los aumentos fueron hechos en el marco de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo Nacional”. Más allá de eso, remarcó que “en las más de 50 Delegaciones a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires, el organismo asesora a los usuarios y usuarias, formula reclamos ante las empresas y los organismos de control y realiza si, es imperioso, acciones judiciales en pos de dar solución a los reclamos recepcionados”.
Las cifras indican que los reclamos no van a parar. De hecho, ayer el Observatorio de tarifas y subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) informó que la canasta de servicios públicos de un hogar promedio en el AMBA sin subsidios ya alcanza en agosto los $143.082 mensuales: la tarifa de energía eléctrica promedia los $38.137, la de gas, $33.622; agua, $24.486; y gasto en transporte, $46.837 por mes. Según cifras oficiales, el salario promedio en mano en el país es de $750.000, por lo que a un jefe o jefa de hogar se le va solo en servicios un 20 por ciento de su sueldo.
