La defensora del Pueblo de La Matanza Silvia Caprino consideró, al igual que sus pares de todo el país, que hay que retrotraer las tarifas al valor del año pasado y aumentar el monto de la “tarifa social”. En diálogo con No Ficción Radio aseguró que por los elevados costos, varias empresas, Pymes e incluso iglesias de diferentes cultos del distrito corren el riesgo de desaparecer. La situación de los jubilados puso en alerta al organismo.
El viernes pasado se dio un botón de muestra de la problemática. Cientos de vecinos y militantes que se referencian con el Movimiento Barrios de Pie se movilizaron a las puertas del organismo que conduce Caprino, en Hipólito Yrigoyen al 2600, San Justo, porque “muchos tenían aviso de corte, el servicio directamente suspendido o facturas que aún no habían podido pagar”, detalló Caprino.
Los manifestantes, con el apoyo de la Defensoría, se trasladaron luego a la sede local de Edenor desde donde se comprometieron a analizar “suspender los cortes del servicio a cambio de que la gente pueda hacer un pago parcial a la espera de que el Congreso resuelva a la brevedad los 29 proyectos que tiene sobre el tema”, agregó.
Los defensores del Pueblo de Argentina participan de las distintas audiencias públicas que formalmente se realizan antes del aumento de tarifas. Entre otras cuestiones, plantearon “la dificultad que tienen las instituciones de bien público de acceder a la restitución del 40% de las tarifas que pagan”, indicó Caprino.
La defensora matancera puso especial énfasis en la situación de los jubilados, quienes no pueden abonar los excesivos montos a pesar de contar con una “tarifa social” debido a que generalmente “son personas que están enfermas, o tienen dificultades y pasan gran parte del tiempo en sus casas por lo que tienen un consumo mayor de gas y electricidad, porque el calor o el frío les afecta mucho”. Por esta razón, Caprino y el resto de los defensores del pueblo sostienen que se debe aumentar el monto que beneficia a los jubilados ya que un porcentaje importante de sus “bajos ingresos, va directo a los medicamentos y al pago de servicios”.
La situación de los comerciantes y las Pymes no es mejor: “el aumento de los alquileres, las tarifas y la baja del consumo ponen en riego la actividad. Lamentablemente, han venido muchos comerciantes para ver si podíamos facilitarles un plan de pagos razonable para cerrar su negocio. Es una noticia desagradable”, resumió Caprino quien argumentó que “en la reducción que ofreció la gobernadora María Eugenia Vidal no están incluidos los negocios y las industrias, aunque tampoco se solucionaría el problema con esa rebaja que no llegaría ni al 15%”.
Representantes de iglesias cristianas y evangenlistas también se trasladaron a la defensoría porque recibieron tarifas impagables. “No pueden ser catalogados -continuó Caprino- como comercios cuando realizan una labor social al trabajar por ejemplo con chicos adictos, situaciones de violencia de género o madres solteras”.
“Todos tenemos que hacer un esfuerzo, las tarifas estaban retrasadas pero el sacrificio no sólo tienen que hacerlo los ciudadanos, sino también el Estado que está evaluando bajar los impuestos y las empresas que antes de estos aumentos ya estaban mejorando sus ingresos y dejaron de estar en rojo. Se podría ver el modo de que las prestatarias reduzcan sus ganancias y que esto no genere un malestar social”, concluyó la defensora del Pueblo.
