Se cumplen 10 años de la lucha de los vecinos de Virrey del Pino contra la empresa Klaukol

Realizarán un festival en la plaza de San Justo, para seguir visibilizando su reclamo y denunciar la falta de acción del Municipio de La Matanza y organismos ambientales.

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Acampes, protestas, huelgas de hambre, movilizaciones. No hay nada que los vecinos del barrio Las Mercedes, en Virrey del Pino, no hayan hecho en los últimos 10 años para manifestar su rechazo a la empresa Parex Klaukol. La acusan de contaminar el ambiente y su salud desde que se instalaron allí en el año 2000.

Los vecinos comenzaron a notar las consecuencias de la producción de la cementera 9 años después. Decidieron organizarse y desde entonces se enfrentan a una multinacional y la omisión estatal. Las dos caras de una problemática que el próximo sábado 27 de julio volverán a denunciar, desde las 14 en la Plaza de San Justo, al cumplirse una década de lucha.

“La planta industrial ubicada a la altura del 44.500 de Ruta 3 funciona las 24 horas y los materiales que utiliza contaminan la tierra, el aire y el suelo, generando distintas enfermedades como leucemia, insuficiencia respiratoria, cáncer pulmonar, renal y de piel”, expresaron los vecinos a través de un comunicado.

Según señalaron, a lo largo de estos años se presentaron “innumerables pruebas del impacto en el ambiente y en la salud que provoca el sílice, principal componente contaminante utilizado y expulsado por la planta como material particulado”.

Algunos de esos estudios fueron avalados por la propia la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que en 2014, realizó un relevamiento entre los niños del barrio de 0 a 12 años, concluyendo que el 100 por ciento de los casos presentaban plomo en sangre. También se comprobó que el 80% de las personas tenía problemas respiratorios, dermatológicos y oftalmológicos.

Los vecinos durante uno de los acampes realizados este año en la puerta de la fábrica.

En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia provincial ordenó que la causa regrese al Juzgado N° 4 de La Matanza, y que la UFI N° 6 se encargue de llevar adelante las investigaciones correspondientes. Previamente, la denuncia había pasado por el Juzgado Federal de Morón, donde estuvo casi 10 años paralizada, hasta que declararon la incompetencia del órgano judicial.

“El tiempo pasa y eso a nosotros nos cuesta vida. La demora de ellos, el leer de ellos, la burocracia de ellos nos cuesta la vida”, lamentó Susana Aranda, una referente del grupo de vecinos, que en 2016 fue atacada por dos hombres, que la interceptaron en la calle, la apuntaron con un arma y la obligaron a tragarse dos pilas, mientras le repetían que “deje de investigar” a la empresa.

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