La zona Oeste tiene al menos siete pulmones verdes claves para el sostenimiento del medio ambiente local y el esparcimiento de los vecinos. Se trata de zonas importantes no solo por la biodiversidad que albergan sino también porque pueden paliar las inundaciones o el avance de la contaminación. Sin embargo, ninguna está reconocida por la Provincia, y solo algunas cuentan con el apoyo de los municipios.
La falta de control en las Reservas Naturales propició la deforestación, los incendios, los basurales clandestinos o los negocios inmobiliarios. Y ante el riesgo de los espacios verdes en toda el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se creó en 2018 la Red de Áreas Protegidas Urbanas (RAPU), que nuclea a distintas organizaciones que trabajan para proteger a las 60 zonas de importancia ecológica que hay en Capital Federal y el conurbano.
Mapa interactivo de las reservas del oeste
La Provincia, ausente
“En todo GBA no hay un espacio natural que esté tranquilo, ni siquiera los que fueron declarados por los municipios, ya que no tienen implementado un plan de manejo”, expresó a No Ficción Nahuel, referente de la organización Isla Verde, que hace siete años que trabaja para que Morón proteja los terrenos linderos al aeropuerto de El Palomar. Cada colectivo da su pelea de manera individual en los distritos, y nucleados en RAPU luchan por una ley provincial de protección.
El ambientalista explicó que si bien hay ordenanzas municipales que reconocen a las reservas, su alcance es corto. El caso de la Reserva Natural Urbana en Castelar Sur da cuenta de ello. “Se está desmontando lo que era un bosque, sin estudio de impacto ambiental y de manera ilegal”, expresó. Lo mismo ocurre con los espacios verdes de Ciudad Evita, Merlo y Moreno, que tienen conflictos a pesar de contar con algún papel de los municipios.
Diversidad de especies y conflictos
El Dique Roggero, que comparten Moreno, Merlo, Marcos Paz y General Rodríguez, es un caso paradigmático. Al no haber ley provincial, el cuidado depende de cuatro municipios sin una agenda ambiental clara. “Las tierras de Moreno fueron reconocidas, que es el Parque Los Robles. General Rodriguez está avanzando en declararlo reserva. Y la parte de Merlo no está protegida, a pesar de haber una ordenanza”, contó a No Ficción Antonela, integrante de Ambientalistas del Dique Roggero.
En esta zona del oeste nace el Río Reconquista y allí se conserva la última parte de agua limpia. Además, con casi 2.500 hectáreas se trata de uno de los espacios verdes más extensos del AMBA, por lo cual es clave para prevenir inundaciones. “En la parte de Merlo al no haber autoridad de control hay gente que ingresa a nadar o pescar, destruye los árboles y hasta hay asentamientos que se formaron en los últimos cuatro años. Del lado de Rodriguez tiran desechos cloacales”, sostuvo Antonela.
La Reserva Natural Urbana Río Reconquista de Ituzaingó, reconocida en 2017, es uno de los pocos casos donde un municipio pudo articular políticas de cuidado del medio ambiente.
Situación similar se vive en La Matanza con la reserva natural de Ciudad Evita: reconocida en 2015 por el Concejo Deliberante, hoy los ambientalistas de la zona luchan por una actualización de la normativa. “El texto del proyecto era distinto al que habíamos elaborado y no incluyó la protección de los humedales”, expresó una de las principales referentes que prefirió no dar su nombre. Según la activista, “si se protegieran los humedales se aliviarían las inundaciones en Laferrere”.
La Matanza ahora sumó un nuevo reclamo con la reserva Natural de Laferrere, ubicada en el Kilómetro 25 de la Ruta 3. “No hay interés por el tema desde la gestión de (Verónica) Magario, pero este miércoles presentamos el proyecto al Concejo Deliberante”, contó Jorge Serrano, referente de Vecinxs por la reserva natural de Laferrere. “En la zona se construyó una subestación eléctrica de Edenor que no cumplió con estudio de impacto ambiental”, alertó el ambientalista.
La referente de Ciudad Evita relata un caso similar, vinculado a los negocios inmobiliarios: “Ahora nos encontramos con que una fundación de origen coreano se instaló al lado de la reserva con una edificación de tres pisos”, y la semana pasada 500 personas tomaron ilegalmente parte de la zona. Nahuel, de Isla Verde, también contó del avance en El Palomar: “el aeropuerto comercial atrae negociados inmobiliarios, como por ejemplo una autopista que pasaría por arriba de la zona”.
Una ley provincial que conforme un organismo de control para todas las Reservas Naturales es una posible salida de la problemática ante la falta de eficacia de las ordenanzas municipales. Mientras tanto, las organizaciones de ambientalistas bregan porque los gobiernos locales contribuyan en la preservación de la biodiversidad. En una época marcada por los incendios forestales del Amazonas, los espacios verdes del oeste reclaman atención y mantienen en alerta a los ecologistas.
