Procesan al prefecto acusado de espiar a Verónica Magario y a Gustavo Menéndez

La vicegobernadora de Buenos Aires y el intendente de Merlo fueron víctimas del espionaje ilegal, junto al juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, entre otros.

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Fue procesado y embargado en un millón de pesos el prefecto Franco Leandro Pini, acusado de haber espiado y accedido de manera ilegal a los movimientos migratorios de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, entre otros.

El procesamiento de Pini se dio en el marco de la megacausa de espionaje ilegal que se lleva adelante en Dolores, en el juzgado a cargo de Alejo Ramos Padilla, publicó Ámbito Financiero.

Según se desprende de la causa, entre los espiados se encuentran también el entonces socio de RosenkrantzGabriel Bouzat, el Secretario Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Ariel Toviggino, y el ex titular de Aduana, Juan José Gomez Centurión, entre otros.

Por la causa, cabe recordar, está preso el falso abogado Marcelo D´Alessio y están procesados el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro.

Espionaje a intendentes

Entre enero de 2016 y febrero de 2018, Pini prestó servicios en el Departamento de Investigaciones, con el cargo de Jefe de Inteligencia Criminal. Desde esa posición, se lo acusa a Pini de haber accedido indebidamente a los movimientos migratorios de la entonces intendenta de La Matanza y actual vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, el 13 de agosto de 2016.

Luego, entre febrero de 2018 y enero de 2019 Pini pasó a cumplir destino en la Delegación Zona Mar Argentino Norte, con el mismo cargo. En ese lapso y de acuerdo a la investigación accedió indebidamente a los registros migratorios del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

“Las investigaciones realizadas por el imputado sobre estos dos funcionarios públicos, nuevamente, no contaban con ningún tipo de autorización y fue realizada de forma paralela a cualquier actuación formal en el marco de sus funciones específicas, por lo que no cabe más que concluir que esas acciones formaron parte de actividades de inteligencia prohibidas”, apuntó Ramos Padilla.

No es parte de la asociación ilícita

Según el expediente, Pini ingresaba de manera ilegal a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones y los hechos imputados “sirvieron de insumo para la producción de inteligencia ilegal sobre algunas de las víctimas de la asociación ilícita, a partir de los cuales se confeccionaron informes y se planificaron y desarrollaron planes más amplios de inteligencia y espionaje ilegal”, sostuvo el juez.

El magistrado verificó que Pini, “abusando de su calidad de funcionario público y de las atribuciones legales que en base a ello le fueron conferidas”, obtuvo “de manera ilegal información reservada que fue entregada a la organización criminal y utilizada por ésta para distintas maniobras”.

Una diferencia importante con el resto de los imputados es que para el juez no se detectó que Pini tuviera una relación directa con alguno de los miembros de la organización.

“No se demostró que Pini tuviera vínculo directo o intercambios de mensajes con Marcelo D’Alessio ni ninguno de los otros miembros. Esta es una diferencia central, por ejemplo, respecto de los casos de Daniel Santoro, Carlos Stornelli u otros imputados que mantenían una relación estrecha, directa e intensa con solo algunos de los miembros, y sólo tenían una relación indirecta con los restantes”, comparó el juez.

Por eso, lo procesó por acciones de inteligencia ilegal y abuso de autoridad de funcionario público, y lo embargó en un millón de pesos.

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