En diálogo con No Ficción radio, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, Isabel Reinoso, alertó sobre los riesgos de que Farmacity se instale en la provincia al aseverar que “si rompen con la ley va a haber un problema sanitario y subirán los precios”. Además, denunció que el gobierno provincial “hace silencio”.
“El juicio llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de haber perdido todas las instancias en la provincia de Buenos Aires, y para que la Corte falle solicitó dictamen a la Procuración General de la Nación. Ese dictamen les estaría dando una luz amarilla, está hecho a medida de la empresa, y eso nos quita esperanzas”, afirmó Reinoso.
Además, la titular del CFPBA sostuvo que la cadena ya establecida en la ciudad de Buenos Aires, “está forzando a la justicia para que convalide su instalación en territorio bonaerense”. Esta demanda fue iniciada en el año 2012 por Mario Quintana, dueño de la cadena de farmacias y actual vicejefe de gabinete patrocinado por el abogado Carlos Rosenkrantz, actual juez de la Corte Suprema. “El juicio ya estaba terminado, pero como ellos asumieron el gobierno volvieron a insistir”.
En el año 1987 la legislatura de la provincia votó la ley 10606 que regula el ejercicio de la profesión farmacéutica y establece quiénes pueden ser propietarios. “El 70% de las farmacias de la provincia son de farmacéuticos, también hay sociedades entre farmacéuticos, o de un farmacéutico y un capitalista, pero el profesional siempre es socio. Y quedan tajantemente prohibida la participación de una sociedad anónima o de fondos de inversión, que son netamente comerciales y no de utilidad pública, porque en caso de que muera algún paciente no se sabe quién responde, ese es el motivo por el cual la prioridad es la salud”.
Frente a la idea que promueve el gobierno de que la cadena de farmacias trae modernización al sector, Reinoso detalló: “Eso es mentira, todas las farmacias están aggiornadas, contamos con la última tecnología, con software para validar todo tipo de recetas, tenemos libro electrónico informatizado”.
Y ratificó, “para nosotros no es negociable el ingreso de una sociedad anónima, eso es mercantilizar la farmacia, es transformar un modelo sanitario en un modelo de mercado. La gobernadora debe decirnos si quiere poner el eje en el paciente o en el mercado. Y lo que va a pasar es que van a quedar desprovistos los barrios, los pueblos, como ocurre por ejemplo en Chile”.
Según los datos provistos por el Colegio de Farmacéuticos, por cada farmacity que abrió en capital federal, entre 7 y 9 farmacias cerraron. Además, hay 150 en lugares de alto poder adquisitivo y 20 en zonas de menores recursos.
Mientras tanto, desde la entidad aguardan ser atendidos por la gobernadora que según aseguró Reinoso no los ha llamado ni respondido a ninguna solicitud. Esta semana mantuvieron un encuentro con el ministro de salud, Andrés Scarsi. “Lo pusimos en autos de lo que está pasando y le manifestamos que estamos absolutamente sorprendidos del silencio que hace el Ejecutivo, jamás nos pasó, pedimos hace meses una reunión y no nos atienden”.
Reinoso anticipó que irán a los tribunales internacionales. “Este caso es un escándalo, se están llevando puesto el poder de policía de la provincia de Buenos Aires, y el poder del Ministerio de regular la salud. Se llevan puesta una legislación para beneficiar a una empresa”.
“Ioma es una foto similar a 2001”
Así se refirió Reinoso a la situación actual de la obra social de los trabajadores del Estado que mantiene deudas millonarias con las farmacias y los profesionales de la salud porque el gobierno provincial no paga, en muchos casos hace más de seis meses. “Hay retrasos en los pagos que ya son insostenibles para las farmacias. Por ejemplo, los medicamentos oncológicos no se actualizan desde diciembre de 2015, lo mismo con los pañales y elementos de higiene que tampoco fueron actualizados. No hay respuestas, que no nos atiendan es común”. Y sentenció: “Es muy preocupante, estas situaciones en algún momento hacen eclosión”.
Además, denunció que no está funcionado el programa Profe Salud que cubre en un 100% los medicamentos para los pacientes que no pueden pagar sus tratamientos.
