La disputa entre las aplicaciones de delivery y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. La Suprema Corte bonaerense avaló las sanciones aplicadas a PedidosYa y Rappi luego de inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo provincial, en una resolución que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento laboral de las plataformas digitales.
El conflicto no es nuevo. Desde hace años existe una discusión alrededor de una pregunta central: ¿los repartidores que trabajan para estas aplicaciones son trabajadores independientes o existe una relación laboral que debe ser reconocida y fiscalizada?
La Justicia provincial acaba de tomar posición sobre un aspecto importante de esa discusión.
¿Qué decidió la Justicia?
Los expedientes se originaron a partir de inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense durante 2021 y 2022, cuando Mara Ruiz Malec estaba al frente de esa cartera.
En el caso de PedidosYa, la empresa cuestionó las actuaciones realizadas por los inspectores y negó, entre otros puntos, que existiera una relación laboral respecto de algunas de las personas relevadas.
Sin embargo, la Suprema Corte consideró válidas las inspecciones y las actas confeccionadas durante los operativos. En términos simples, el máximo tribunal provincial entendió que la empresa no logró demostrar que las irregularidades señaladas por la autoridad laboral fueran incorrectas.
La resolución también tiene un segundo componente relevante: respalda la capacidad del Ministerio de Trabajo bonaerense para controlar y sancionar a las plataformas cuando considera que existen incumplimientos de la normativa laboral.
Una disputa que viene de hace años
El enfrentamiento entre las apps y las autoridades bonaerenses comenzó mucho antes de este fallo.
Durante distintos operativos se relevaron las condiciones en las que trabajaban repartidores de plataformas digitales. De esas inspecciones surgieron sanciones económicas contra empresas del sector.
En el caso de PedidosYa, una de las multas que había sido confirmada anteriormente alcanzaba los 17 millones de pesos, por infracciones vinculadas con la normativa laboral.
Ahora, la decisión de la Suprema Corte provincial vuelve a darle fuerza a esa estrategia de fiscalización.
¿Por qué es importante para los repartidores?
El punto de fondo excede el monto de una multa.
Las aplicaciones suelen presentar a quienes realizan los repartos como trabajadores independientes que utilizan la plataforma para conseguir pedidos. Desde la mirada de las autoridades laborales y de organizaciones sindicales, en cambio, existen elementos que pueden demostrar una relación de dependencia.
Por eso, cada fallo judicial que valida las inspecciones provinciales puede convertirse en un antecedente para futuras discusiones sobre salarios, cobertura, vacaciones, aguinaldo, accidentes laborales y otras condiciones de trabajo.
La propia Provincia destacó el fallo como un respaldo a las facultades de su Ministerio de Trabajo y a su capacidad para intervenir frente a posibles incumplimientos.
¿Qué puede pasar ahora?
La resolución no significa que las aplicaciones de delivery vayan a desaparecer ni que todos los repartidores pasen automáticamente a ser empleados registrados.
Lo que sí hace es consolidar un antecedente judicial importante: la Provincia puede fiscalizar a estas empresas y utilizar las actuaciones de sus inspectores para avanzar con sanciones cuando detecta incumplimientos.
Para las plataformas, esto implica una mayor presión regulatoria. Para los trabajadores, en tanto, vuelve a abrirse una discusión sobre qué derechos corresponden a quienes dependen de estas aplicaciones para generar sus ingresos.
Y el debate está lejos de terminar.
El crecimiento de las plataformas transformó la forma en que millones de personas compran comida, reciben productos o realizan envíos. En barrios y ciudades del Oeste bonaerense, donde las motos y bicicletas de reparto forman parte del paisaje cotidiano, esa discusión también tiene una dimensión concreta.
Detrás de una aplicación que permite pedir algo con apenas unos clics existe una cadena de trabajo que ahora vuelve a quedar en el centro de una disputa judicial y política.
El fallo de la Corte bonaerense no cierra esa discusión: la vuelve a poner sobre la mesa.
