Camila fue víctima de un violento robo por parte de un vecino de Lomas del Mirador, que la acuchilló en una pierna para sacarle el celular el lunes pasado. El hecho tomó repercusión no solo por el ataque, sino también porque la mujer lo corrió, pateó la puerta y entró a su casa, pero lo que se encontró no fue exactamente con un delincuente sino con un paciente psiquiátrico.
“Cuando logro entrar me encontré con la abuela, que me pidió disculpas y me explicó que era una persona enferma y que me iban a devolver todo”, explicó Camila a No Ficción, y adelantó: “no sé cuál sería su problema, pero sé que ahora esta detenido en un hospital psiquiátrico”. La médica que atendió a la joven le dijo que fue “un milagro que (el cuchillo) no me haya tocado nada, pasó entre medio de todo lo que me podría haber hecho mal”, según recordó.
El caso de Camila remitió a lo ocurrido con el policía federal Juan Pablo Roldán, que fue asesinado en el barrio porteño de Palermo a cuchillazos por un paciente psiquiátrico, quien luego también terminó falleciendo producto de los balazos recibidos por otro de los efectivos ante el ataque. El hecho puso en debate la atención a las personas con problemas de salud mental y hasta incentivó las propuestas de las armas Taser, conocida como “menos letales”.
Hace una semana, en el programa Nenes de Antes (FM La Tribu), el director Nacional de Salud Mental y Adicciones, Hugo Barrionuevo, dio precisiones sobre cómo se debería proceder ante estos casos: “en el momento que ocurre la situación, obviamente, actúa el que está en ese momento, en este caso la policía. Sí hay que llamar inmediatamente al SAME y la persona tiene que ser evaluada y apoyada por un equipo de salud mental. Eso es lo que además dicen los protocolos y la fuerza de seguridad tiene un protocolo del año 2013 con una resolución del Ministerio de Seguridad donde figura cómo deben actuar los agentes ante estas situaciones. Lo importante es que siempre tiene que estar un equipo de salud”.
Además, Barrionuevo se refirió a las acusaciones sobre la Ley de Salud Mental, que establece que antes de internar a un enfermo psiquiátrico se deben agotar todas las instancias de tratamiento en libertad. “La Ley busca que no se produzcan internaciones que no sean necesarias o que se prolonguen de manera injustificada. Pero de ningún modo obstaculiza las internaciones porque la ley dice textualmente ‘si hay riesgo cierto inminente, la persona se puede internar de forma involuntaria’. Después hay que notificar a la justicia pero eso se hace a posteriori, la persona se interna en ese mismo momento”.
Por último, Barrionuevo afirmó que “es totalmente mentiroso suponer que hay una peligrosidad en la persona, sino todo lo contrario. La verdad es que las personas con problemas de salud mental no son las personas violentas, más bien, yo diría, todo lo contrario. Muchas veces son las personas con problemas de salud mental las que son violentadas por el sistema”. El caso de Camila en Lomas del Mirador suma un nuevo capítulo al debate por la atención a los pacientes psiquiátricos, dónde las fuerzas de seguridad parecen no estar capacitadas para actuar y los equipos de salud intervienen cuando el daño ya se produjo.
