El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y a doce de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por supuesto «abuso de autoridad» en la aplicación de la Ley de Medios al grupo Clarín en 2014.
Sabbatella es actualmente titular de la Acumar, un cargo que podrá seguir ejerciendo debido a que el veredicto leído este martes por el juez federal Ariel Lijo no está firme y será apelado, según anticipó el funcionario nacional a la prensa al término de la audiencia.
El magistrado absolvió a los restantes nueve acusados, todos ellos ex miembros del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en la gestión de Sabbatella.
«Es un disparate que se generó en la instrucción y está ratificando una cosa que no tiene ningún sentido», sostuvo Sabbatella al término de la audiencia en el edificio de Comodoro Py 2002 y adelantó que sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, apelarán el veredicto. «Asumo la responsabilidad, fui presidente del organismo, me alegro de la absolución de quienes cumplieron con la ley. Asumo la responsabilidad absoluta de lo que se hizo, fue todo cumpliendo con la ley», agregó.
Sabbatella precisó que la acusación fue «una medida disciplinadora exigida desde el Grupo Clarín para que no haya ninguna forma de que alguien se atreva a meterse con ellos». Según interpretó, con esta condena «se cumple con el mandato de Clarín, con la medida disciplinadora, es lo que (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín) quiso plantear siempre y hoy se ratifica con este disparate».
La lectura de la sentencia se concretó minutos después de las 12.30 en una sala de audiencias colmada en la planta baja de los tribunales federales de Retiro, donde estalló un cerrado aplauso cuando Sabbatella se retiró, que se prolongó luego en los pasillos.
La reducida sala de audiencias estaba llena de familiares de los acusados, entre ellos la madre, la hija y el nieto de 4 meses de Sabbatella, para la última jornada en la que el juez Lijo intentó mostrar un clima distendido. Incluso, también estuvo presente el intendente de Morón, Lucas Ghi.
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En sus últimas palabras ante el juez, el funcionario sostuvo que hay «inexistencia de delito» y que se trató de un «causa armada» en el «marco del lawfare» y de la «persecución política». También, aludió a la «oscuridad de la etapa de instrucción» del caso, a cargo del recientemente fallecido juez Claudio Bonadio.
Sabbatella concluyó que hay una «colonización de grupos hegemónicos sobre el Poder Judicial» e insistió con que esta causa en su contra pretendía ser una «medida disciplinaria». Según el funcionario, el grupo Clarín «incumplió» la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque presentaba proyectos de ventas y fusiones que eran «ficticios», y, por ello, se tomó la decisión de implementar la adecuación de oficio.
El fiscal Eduardo Taiano había reclamado un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras los abogados de la querella habían pedido en el marco del debate una condena de dos años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos. La defensa del funcionario, en tanto, había pedido la absolución de Sabbatella en el juicio, que comenzó en noviembre pasado.