“No voy a caer en chicanas personales”, expresó el presidente del Concejo Deliberante de Morón, Jorge Laviuzza, en el descargo público que firmó ante la denuncia “digital y mediática” realizada por la presidenta del bloque de Juntos por el Cambios, Natalin Faravelli, en la que acusa al dirigente del Frente de Todos de “violencia machista”, por no permitir que asista de manera virtual a una sesión presencial.
“Realizamos varias reuniones por la plataforma Zoom donde planteé la necesidad de sesionar”, inicia el descargo de Laviuzza y continúa: “Todos los presidentes de bloques políticos allí presentes -la concejala Faravelli entre ellos- estuvieron de acuerdo con esto y entre todos coincidimos en que la sesión se llevara a cabo en la zona de la explanada de la plaza San Martín. La misma fue desinfectada instantes previos a comenzar, con los asientos ubicados a la distancia social pertinente, con las condiciones de seguridad e higiene adecuadas y con un protocolo de acción a disposición en caso de cualquier inconveniente”.
Laviuzza explicó también que un “Reglamento Interno adaptado a la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y que respeta la Constitución de la Provincia de Buenos Aires” no permite la realización de sesiones online. “Lamentablemente, quienes vituperan ‘discriminación’ dan cuenta del desconocimiento de las normas que rigen a ésta casa de la democracia. Ningún artículo del Reglamento Interno habla de ‘desplazamiento automático’ ni nada que se le parezca”, aseguró.
“Por último, no voy a caer en chicanas personales”, dijo y amplió: “La situación de la obra social de todas las Concejalas y los Concejales depende de una ley provincial, cualquier modificación que se quiera plantear al respecto, es necesario hacerlo vía Cámara de Diputados y Senadores provinciales”. Es que la concejala había advertido que se quedó sin obra social en pleno embarazo.
Finalmente, Laviuzza invitó a Faravelli a participar hoy de la sesión del HCD, en el teatro Gregorio de Laferrere. Al mismo tiempo, advirtió que este tipo de acusaciones se enmarcan en un intento de “desviar el foco de atención de lo que sucederá: la Rendición de Cuentas de un gobierno municipal del PRO que dejó una deuda de $1.200 millones de pesos y sus concejales no saben qué excusa poner para evitar responder ante tal desmanejo”.
