El excandidato a intendente de La Matanza por Juntos por el Cambio, Eduardo “Lalo” Creus, planteó en una entrevista en exclusiva con No Ficción los desafíos que tiene por delante tras la asunción como director de Seguridad Municipal en el ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich. Se trata de un área creada a medida del fundador y líder del partido Alternativa Vecinal para aceitar y mantener un vínculo directo en el territorio. El funcionario dio detalles sobre el Plan 90/10 y destacó la importancia de la batería de leyes que el oficialismo busca implementar para combatir el delito. Del mismo modo, lamentó que el gobernador Axel Kicillof y el intendente Fernando Espinoza tengan una mirada diferente sobre la problemática.
– ¿Cómo arribaste a este nuevo cargo?
– Nunca perdí contacto con Patricia desde el momento que fui su candidato en el 2023. Ella decide, a mi criterio con justa razón, empezar a apoyar la oportunidad del cambio que la gente le daba al presidente Javier Milei. Luego asume como ministro y yo empecé a colaborar para que tenga éxito en un tema tan dramático. Fue así que hablábamos de la emergencia del conurbano, de lo que pasa en La Matanza y en otros municipios. Y por julio fue tomando forma una idea y un plan, que es básicamente empezar a intervenir en el conurbano poniendo foco en las bandas del crimen organizado.
– ¿Así se creó esta dirección?
– Exacto, tiene la finalidad a nivel nacional de coordinar entre el ministerio de Seguridad y los intendentes para acompañarlos en su gestión de la seguridad local. Pero también tiene la finalidad de interactuar con los actores territoriales que se preocupan por la agenda del delito, la prevención o la violencia. Es decir, la sociedad civil, las instituciones, las iglesias. Mi rol es de enlace, es de facilitador entre el Ministerio y estos actores. Eso se empezó a conversar a partir de julio.
– ¿Con qué te encontraste?
– No dejo de sorprenderme frente a los detalles, la profundidad del caos que ya conocía. Ver al conurbano como un territorio copado por bandas criminales, no es novedad. Ver que hay infiltrados en las fuerzas de seguridad, adentro de la justicia, gente de la política que es parte del mal, tampoco es novedad. Pero ahora voy viendo y conociendo detalles que no dejan de chocarme, de sorprenderme. Hay un mecanismo que funciona en la provincia de Buenos Aires desde hace muchos años, décadas, y que permite que la política vinculada a la corrupción pueda tener ahí un sustento, una base, un arraigo muy fuerte que a nivel nacional me parece que cayó a partir de la irrupción del presidente Milei, pero en la provincia de Buenos Aires está intacta y se ha construido a partir de la utilización de toda la estructura del Estado, incluida la seguridad.
– ¿Cómo viene esa coordinación con la provincia?
– El Ministerio trabaja con los 24 ministros de Seguridad del país de las 24 provincias. Se trabaja bien y todos participan de las reuniones de los Consejos de Seguridad Nacional que se convocan. Los ministros, en general, quieren hacer su trabajo. Pero no dejan de ser parte de gobiernos que no en todos los casos tienen el mismo interés. En el caso de la provincia de Buenos Aires, yo creo que el gobernador tiene una mirada sobre la inseguridad y el delito, sobre la realidad de la provincia de Buenos Aires, que perjudica la posibilidad de solucionar los problemas, y termina pateándole y haciéndole goles en contra a su propio Ministro. Me parece que es muy difícil que aquellos integrantes de la policía bonaerense que quieran trabajar, puedan hacerlo sin apoyo, sin recursos, sin respaldo. Igual que le pasa a aquellos elementos de la justicia. Hay una mirada que parece ser que está a favor siempre de la delincuencia, viendo al delincuente como una víctima y dejando al laburante totalmente solo.
– La seguridad depende de la Provincia, ¿cómo se trabaja directo con los municipios?
– Patricia, nuestra ministra, y yo lo comparto, tiene una mirada en la que en muchos territorios la seguridad es un problema del intendente, que tiene que hacerse cargo. Incluso, tengo una opinión de que en el caso de la provincia de Buenos Aires, la seguridad debería ser descentralizada. La provincia no conoce lo que pasa en los municipios, los intendentes sí. La policía debería ser descentralizada, a manos de los intendentes. Eso no pasa. Hoy, la policía se gestiona desde el gobierno provincial, pero los intendentes no se pueden desentender de semejante drama, tienen un papel que podrían jugar y algunos lo hacen muy bien. Las fuerzas provinciales deberían poder actuar con eficacia en la represión del delito y los intendentes tener sobre todo la prevención, controlar ingresos y egresos; ver qué pasa en la vida diaria de su territorio, con tecnología, con recursos profesionales, principalmente con la decisión de hacerse cargo. Está todo inventado y vos lo podés llevar a tu municipio si de verdad querés hacerte cargo de proteger la vida de tu gente.
– ¿Y cómo se implementa su trabajo en el territorio?
– Además de trabajar con los municipios, intentamos trabajar con las provincias. El resultado es que hemos lanzado el Plan 90/10, que fue conversado durante todo el año pasado con los ministros de todas las provincias del país, incluido el de la provincia de Buenos Aires. Hemos podido ver que el 90% de los homicidios está concentrado en el 10% del territorio. A partir de ese diagnóstico es más fácil administrar recursos, estrategias, hacer foco en cuáles son los municipios que concentran estas tasas de homicidios.
– ¿A qué conclusiones llegaron con ese diagnóstico?
– Una parte importante de esa tasa de homicidios está en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Conurbano. De más de 2.000 municipios que hay en el país, 190 son los que concentran más homicidios, que se vinculan sobre todo al narco o al robo automotor.
– ¿Cómo se abordan estas problemáticas?
– Nuestra prioridad va a estar en reducir los homicidios y para eso, atacar las bandas del crimen organizado que están vinculadas al narco y al robo automotor. El Plan 90/10 cuenta con diferentes etapas que va a ir abordando con inteligencia criminal el mapeo de las bandas. Luego, con las fuerzas federales apoyadas por la policía de la provincia de Buenos Aires, vamos a descabezar, a desarmar a esas bandas. Eso va acompañado de una ingeniería de leyes, de un paquete de iniciativas que algunas ya rigen y otras las estamos discutiendo en el Congreso para aumentar las penas, para darle a los fiscales y a las fuerzas, herramientas y cobertura para que puedan afrontar este combate.
Batería de nuevas leyes
– ¿Cuáles serían esas leyes?
– Mucha gente no sabe que existe el Registro Nacional de ADN o lo relaciona solo con el registro de violadores. Este gobierno y este ministerio, impulsó una ley que ya rige, que crea el Registro Nacional de ADN para todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y toda persona que resulte imputada, sin necesidad de una condena, en cualquier tipo de delito. Eso nos va a permitir que cada vez que una persona sea detenida o demorada, se pueda cotejar en ese banco de ADN si coincide con el sospechoso de algún hecho delictivo sin resolverse. Es una medida revolucionaria porque el ADN que se inventa y se empieza a usar para el delito en 1912 nunca había sido usado en esta escala. Si las personas terminan absueltas después del proceso, el juez ordena bajar ese ADN del banco de datos del Registro.
– ¿Qué otra herramienta sumarían?
– Por otro lado, tiene media sanción la Ley Antimafia. Vemos a menudo que toda una banda, incluso una red delictiva, cae en una serie de allanamientos y al poco tiempo una gran parte queda libre por las consideraciones que el juez pueda hacer. Esta ley establece un cambio en ese criterio. En primer lugar, aumenta la pena por asociación delictiva de 8 años a 20. En segundo lugar, la pena mayor que le corresponda a alguno de los integrantes de esa banda se le va a aplicar por igual a todos los que resulten integrantes, sin importar qué rol hayan tenido. Tercero, si esa banda tiene bienes ilegales, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, automáticamente y sin esperar la condena, esos bienes van a ser expropiados a nombre del Estado, facilitando el proceso de que eso sea útil a la sociedad. En cuarto lugar, el fiscal va a poder extender hasta 30 días la detención de los sospechosos.
– Se trata de una meganorma….
– Sí, también proponemos que si el juez ya aprobó el seguimiento de una línea telefónica solicitada por el fiscal, en caso de que aparezcan otras líneas relacionadas, no va a necesitar la orden del juez para avanzar. Por último, si el fiscal recibe la aprobación del juez para allanar determinados domicilios y en esos allanamientos descubre que hay segundos o terceros domicilios que están vinculados a esta banda, no va a necesitar la orden del juez, que a veces lleva mucho tiempo, para allanar esos domicilios que aparecen encadenados a estos domicilios originales.
– ¿Qué otra Ley está en análisis?
– Hay una norma que está en discusión, que ya tiene aprobación de una comisión, y esperamos que este año se pueda tratar, que es la Ley de Reiterancia. Hasta hoy, el delincuente que es detenido muchas veces puede ser excarcelado y espera su juicio en libertad. El juicio dura mucho y durante ese momento nosotros vemos que alguien que entró hoy, mañana está libre y ya está robando de vuelta. Esta ley establece que al segundo delito que cometa, no vamos a esperar a que se resuelva su causa original, sino que automáticamente pierde el derecho a excarcelación y se le suman las penas en el proceso. Esto va a terminar con la puerta giratoria.
Homicidios, la clave
– El Ministerio tiene la prioridad de bajar los homicidios. ¿Con ello se atacarían los delitos más graves?
– El tema de la seguridad es como un juego que se tiene que jugar en equipo, donde hay un rol para el ministerio de Seguridad de la Nación que tiene algunas competencias y otras no. Hay un rol para la provincia y otro para el intendente. También, por supuesto, para la justicia nacional, provincial, federal. En el caso del Ministerio, nuestra competencia es sobre los delitos federales. No podemos intervenir en algo que le corresponde a la provincia. Nos limita la ley, la constitución, por más que queramos. El jugador que la gente votó en ese territorio, en este caso la provincia de Buenos Aires, es el gobernador. Y es el gobernador el que la ley y la constitución le da la responsabilidad de controlar el tema de la seguridad. Nosotros somos una fuerza auxiliar a pedido del gobernador en materia de delitos comunes. Pero en materia de delitos federales, que es el crimen organizado, no necesitamos permiso de nadie.
– ¿Cuál es la actitud que tiene Kicillof?
– Mientras el gobernador se decide a ver si tiene o no una emergencia y pide ayuda, nosotros actuamos sobre lo que no necesitamos permiso, que es el combate al crimen organizado, sobre todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, donde vemos una cantidad de homicidios que duelen todos los días. Allí vamos a poner el foco. Estamos dispuestos a hacer en la provincia de Buenos Aires lo que estamos haciendo en Rosario, Santa Fe, pero para eso el gobernador debería pedir, como pidió el gobernador de Santa Fe y el intendente de Rosario, ayuda. Este no es el caso. Tenemos un gobernador que niega esta emergencia. Y por cuestiones ideológicas, políticas, o por lo que sea, no acepta la ayuda del gobierno nacional.
– ¿Esta nueva responsabilidad en Nación te quita interés en La Matanza?
– La Matanza es como una columna vertebral de la oscuridad. Es el lugar donde se puede ver mayor concentración de pobreza y de utilización de la pobreza y del caos vinculado a esa pobreza. Y eso genera poder político, un vínculo directo. Por la vía que sea y desde el lugar que sea, siempre voy a estar comprometido con que eso cambie. Si no lo puedo hacer desde la política, porque para mí ahí nace la raíz del problema, lo voy a hacer desde lugares de gestión que ayuden a que la gente pueda vivir mejor. Si no podemos extirpar el cáncer, por lo menos vamos a darle paliativo, a tratar de ayudar a mitigar el dolor, a evitar tanto sufrimiento. Cada vida que se pueda salvar de manos de los delincuentes, a mí me va a hacer sentir útil y valioso. Si el intendente Espinoza quisiera trabajar con el ministerio de Seguridad, lo haremos sin ningún problema porque es la autoridad que la gente ha votado para gobernar allí. De los 135 intendentes, hay solamente 7 con los que no podemos trabajar. Lo hacemos con quienes pertenecen a todos los colores políticos. El intendente de La Matanza, al igual que su gobernador, no reconoce que hay una emergencia de seguridad. Entonces, es muy difícil trabajar juntos. Pero acá estamos. Y mientras él no quiera trabajar con nosotros, nosotros igualmente vamos a trabajar con todos los que quieran hacerlo.
