En diálogo con No Ficción Radio, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, María Isabel Reinoso, se refirió a las audiencias públicas convocadas por la Corte Suprema de Justicia, previas a la decisión que debe tomar el tribunal de permitir o no que Farmacity se instale en la provincia de Buenos Aires. “De no haber sido por la presión que ejerció Mario Quintana en el uso de sus funciones como jefe de gabinete, esto nunca pudo haber llegado a esta instancia”, afirmó.
Las audiencias
Las dos audiencias públicas convocadas por la Corte Suprema tienen como objetivo analizar el pedido de Farmacity de remover los impedimentos legales que le imposibilitan instalarse en la provincia de Buenos Aires. Se presentaron 50 amigos del Tribunal, 6 a favor de la empresa y 44 a favor del Colegio.
“Todas las expresiones de la empresa tienen que ver con el comercio, el mercado, los negocios, en cambio nosotros expresamos que la farmacia es la principal herramienta terapéutica para el cuidado de la salud”, contó Reinoso, quien participó y expuso en las audiencias. “Lo sorprendente fue que uno de los amigos del Tribunal contratado por ellos expresó que hay una distribución de farmacias no acorde y los datos que llevó no concordaban con los de la realidad. Eran números de proyecciones de habitantes por partido mientras que la ley establece claramente los datos por localidad, no por partido. Además de no coincidir la cantidad de farmacias que están habilitadas actualmente, quiso demostrar que los farmacéuticos nos instalamos en los lugares más rentables, con datos falsos y desconociendo que en la ley desde el 2013 en adelante se puso el parámetro de 3 mil habitantes con el objetivo de acercarle el servicio a la gente”, aseveró Reinoso, y agregó: “Porque además del gasto del medicamento hay un gasto de traslado del paciente. Desconocen que, por ejemplo, en La Matanza se habilitaron 85 farmacias en el último tiempo, y 215 en toda la provincia en pueblos donde no hay otros servicios y no había farmacias cerca”.
La titular del Colegio de Farmacéuticos denuncia que “Farmacity pretende sacar esos parámetros de localización diciendo que se necesitan instalar donde ellos decidan, cuando es parte de una política sanitaria de la provincia, reafirmada por todos los gobiernos, por la legislatura y revisada de punta a punta por el poder judicial de la provincia”.
Mercado vs. Función social
Cabe recordar que la empresa perdió en todas las instancias judiciales. “Los argumentos fueron muy pobres, plantearon que generarían empleo en caso de entrar en la provincia, cuando todos sabemos que lo que hacen es destruir el empleo de las farmacias y otros rubros, porque lo que hacen es incumplir todas las leyes sanitarias vendiendo todo tipo de mercadería. Es un modelo de mercado, diferente del modelo sanitario que contempla todo lo inherente a las necesidades del paciente, para prevenir y curar enfermedades”, expresó.
2×1 y paraísos fiscales
A su vez, Reinoso acusa a la empresa de “aprovechar la farmacia para hacer un shopping, venden medicamentos con promociones 2×1, lo que atenta contra el uso racional de los remedios, y es muy grave. Se debe aclarar que las sociedades anónimas no están permitidas en provincia de Buenos Aires como tampoco en otras provincias”.
“Si una empresa que tiene la mayor parte de sus acciones en un paraíso fiscal, que no se puede identificar a los responsables en caso de tener problemas con la dispensa de medicamentos. pretende estar a cargo de la salud de la gente, es absolutamente peligroso”, disparó.
La Ley atacada
Quienes expusieron en contra de la firma afirman que la empresa está atacando la Ley del ejercicio de la profesión farmacéutica, y quieren declarar inconstitucional el artículo 3 y 14 de la ley 10.606. El primero determina que las farmacias por ser una extensión del sistema de salud, estarán racionalmente distribuidas en el territorio provincial, a fin de asegurar la atención y calidad de su servicio; y sólo autoriza la habilitación de una farmacia por cada 3.000 habitantes por localidad.
El artículo 14, en tanto, define que no están permitidas las sociedades anónimas. “Por eso entendemos que configura un fraude para la salud de la gente. Desde el punto de vista sanitario sería catastrófico, yo no soy jueza pero no expondría a 17 millones de bonaerenses a esta empresa”, aseguró Reinoso.
La declaración de la corte estaría para el primer trimestre del próximo año. “La provincia debe legislar en materia de salud y ejercicio de los profesionales. De no haber sido por la presión que ejerció Mario Quintana en el uso de sus funciones como jefe de gabinete, esto nunca pudo haber llegado a esta instancia”, sentenció.
