Grave: La Bonaerense hizo inteligencia en la UNLaM durante el juicio por Lucas Verón

Lo denunció la Comisión Provincial por la Memoria que acompaña a la familia del joven asesinado en González Catán por dos policías.

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que dos agentes de la policía bonaerense vestidos de civil, y sin ninguna identificación, sacaron gran cantidad de fotografías a la familia Verón y las personas que los acompañaban, durante la audiencia del juicio en el que condenaron a dos uniformados de esa misma fuerza por el homicidio del joven y la tentativa contra su amigo.

Se trata de “una práctica ilegal que, además de no tener justificación alguna, fue realizada dentro del predio de la Universidad Nacional de La Matanza donde la policía bonaerense no tiene permitido el ingreso ni la intervención”, puntualizaron desde el organismo que en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció penalmente este hecho ante la justicia y requirió con urgencia al ministro de Seguridad, Sergio Berni, el cese de estas prácticas policiales y la sanción de los responsables.

La audiencia del juicio oral por el asesinato de Lucas Verón desarrollada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza se desarrolló en la sede de la UNLaM, donde dos hombres tomaban fotografías a las personas que se habían congregado para el juicio, principalmente a familiares y amigos de Lucas. Algo en ellos llamó la atención de uno de los abogados del equipo de la CPM, que actuó como querellante en el proceso. Eran policías vestidos de civil.

“De manera respetuosa y acreditando que se trataba de personal de la CPM, se les pidió que se identifiquen e informen el motivo de su presencia. Finalmente, confirmaron ser efectivos de la Comisaría Primera de San Justo que llevaban adelante esa tarea por órdenes superiores”, puntualizaron desde la querella.

“Entendemos que la realización de tareas de inteligencia ilegal, en el marco de un juicio en el que se investiga la responsabilidad penal de agentes policiales por un caso de “gatillo fácil”, constituye una acción intimidatoria, amenazante y por fuera de la normativa vigente en la materia, y debe ser denunciada”, dijeron desde la CPM al presentar un escrito ante la Fiscalía federal N° 2 de Morón a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública.

En un comunicado, el organismo de Derechos Humanos describió que cualquier acción de inteligencia criminal desplegada por la policía debe estar avalada por órdenes judiciales fundadas y está prohibida la inteligencia por razones políticas, sociales o de otro orden. En este caso la actividad encubierta del personal policial, cuyo objetivo era la reunión de información de orden política y social en el contexto de manifestaciones públicas en las que participaban familiares de víctimas y las organizaciones políticas, sociales y gremiales que los acompañaban, es claramente ilegal y viola expresamente la Ley Nacional de Inteligencia N° 25.520 y toda normativa provincial que regula la acción policial.

En este marco, la CPM solicitó que se requiera al ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que informe si existió alguna orden judicial para disponer la presencia de esos efectivos en el lugar, el registro fotográfico de los concurrentes y cualquier otra información referida a los hechos. Por otro lado, los hechos fueron denunciados ante la Auditoría General de Asuntos Internos y se requirió al ministro de Seguridad Sergio Berni la adopción de medidas urgentes y muy claras para prohibir estas acciones de parte del personal policial.

El Archivo de la exDIPBA

Las acciones de inteligencia ilegal llevadas a cabo por personal de la Policía Bonaerense son de una enorme gravedad institucional y requieren de decisiones políticas muy claras para erradicarlas. La CPM gestiona el Archivo de la ex-DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) que, durante más de 40 años, llevó adelante el espionaje político y social en territorio provincial. Su descubrimiento y cierre en 1998 respondió a los consensos democráticos de los partidos políticos que acordaron terminar con estas prácticas ilegales que afectan profundamente la democracia.

Es preciso señalar que la DIPBA, durante el periodo democrático, siguió, espió, persiguió y registró las acciones de familiares y distintas organizaciones que se movilizaban y reclamaban en casos de gatillo fácil: se infiltraban en los actos y marchas, recogían volantes, sacaban fotos, filmaban. Lo hicieron frente a cientos de hechos de violencia policial como la Masacre de Budge, la desaparición de Miguel Bru, el secuestro, tortura y asesinato de Agustín Ramírez, entre otros.

Las acciones de los agentes policiales en el contexto del juicio por el asesinato policial de Lucas señalan que la policía continúa desarrollando estas prácticas, como también lo hicieron en manifestaciones y reuniones llevadas a cabo por los familiares de la Masacre de Monte, donde agentes policiales fueron responsables de la muerte de cuatro jóvenes, y en otras manifestaciones de familiares de personas que murieron en cárceles o comisarías.

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