El 12 de noviembre de 2022, Santiago Martínez le estrelló una copa de cristal en el rostro a Nicolás García en el boliche Roca Bruja, en Hurlingham. En el debate oral, que comenzó a fines de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Morón la autoría del ataque nunca estuvo en duda. La cuestión es si el agresor quiso matar a la víctima y si el hecho está agravado en un contexto de violencia de género ya que todo ocurrió cuando García dialogaba con una chica que había mantenido una relación con Martínez. Las audiencias fueron tan intensas que las últimas dos se realizaron sin público por orden de los jueces.
En una extenuante jornada, este martes fue el turno de los alegatos. Por un lado, el fiscal Pablo Galarza solicitó 6 años de prisión por los delitos de lesiones graves agravadas por haber sido en un contexto de violencia transversal, en el marco del Artículo 80, inciso 12 del Código Penal, «con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantiene o ha mantenido una relación”. La gravedad de las lesiones está dada por la afección de uno de los sentidos: es que García perdió parte de la vista en uno de sus ojos.
Por su parte, el particular damnificado, representado por el abogado Gastón Marano, mantuvo la hipótesis que manejó en la instrucción del caso y sostuvo que al tratarse de un intento de homicidio el atacante debería ser condenado a 12 años de prisión. La defensa, en cabeza del abogado Fernando Arias Caamaño, no cuestionó la autoría del hecho pero pidió que se considere que Martínez actuó bajo emoción violenta.
Antes de cerrar su alegato, el fiscal Galarza le solicitó a los jueces Mariela Moralejo Rivera, Federico Toppino y Diego Bonnano, que adelante su opinión y que de ser declarado culpable, fuera detenido en el momento. Arias Caamaño, en tanto, sostuvo que de ser así su cliente debería permanecer en libertad hasta que la sentencia quede firme y, subsidiariamente, en caso que de tener que ir a la cárcel, que se contemple el tiempo que estuvo tras las rejas durante la instrucción y que corra la prisión domiciliaria de manera preventiva.
A esto último, Marano se opuso y concluyó que de ser condenado, prefería que el agresor mantuviera la libertad plena, hasta que un tribunal de alzada deje firme la condena, así pudiera cumplir el resto de la sentencia alojado en un instituto carcelario. Así las cosas, los jueces del tribunal no tomaron ningún tipo de temperamento con el acusado y aseguraron que la sentencia la dictarán recién el 26 de diciembre.
Sin público, sin teléfonos y sin cámaras
Al igual que en la instrucción del caso, el debate oral tuvo varios episodios escandalosos. No Ficción pudo reconstruir algunas de estas situaciones. En la primera audiencia, por ejemplo, ocurrió algo inédito: mientras declaraban los testigos, uno de los secretarios del tribunal advirtió que alguien, vinculado con la familia de la víctima, le pasaba información certera desde el interior de la sala al resto de las personas que aún no había prestado su testimonio y se encontraban supuestamente aisladas. Para tratar de dilucidar cómo se transmitía la información, los jueces le pidieron los celulares a todos los presentes. La madre de Nicolás se negó.
En otra ocasión, uno de los empleados del abogado Marano fue expulsado de la sala luego de que le llamaran la atención en más de una oportunidad. El ambiente, de hecho, se tensó tanto que en medio de la anteúltima audiencia los jueces ordenaron desalojar la sala luego de varias interrupciones por parte del padre de Nicolás, el empresario Ariel García Furfaro.
Así las cosas, los alegatos se llevaron adelante sin público aunque con la presencia del periodismo. Si bien el tribunal no autorizó que las cámaras de los medios pudieran registrar las alocuciones de las partes, sí permitió que pudieran hacer algunas imágenes previas y que los periodistas permanezcan en la sala para tomar nota.
“¿Compré un canal y no voy a poder filmar?”. Había preguntado a viva voz García Furfaro en otra de las audiencias -según confiaron las fuentes a este medio- en la que el tribunal ya había dejado asentado que no podía registrarse material audiovisual del debate. Se cree que Garcia Furfaro, dedicado al sector farmacéutico y alimenticio entre otros, es uno de los nuevos dueños del Canal IP, del Grupo Octubre, aunque ese dato luego fue desmentido por el emporio comandado por el gremialista Victor Santa María.
De la cárcel a la abogacía
Al menos tres fuentes judiciales recordaron a No Ficción un violento episodio ocurrido en el Juzgado de Garantías N° 6 de Morón que tuvo como protagonista a Garcia Furfaro, quien se recibió de abogado mientras estuvo preso hace unos años atrás en el marco de una causa por un homicidio en grado de tentativa, la calificación que hoy le reprocha al agresor de su hijo. Se estableció que el 11 de noviembre de 1999, este hombre prendió fuego a Rafael Francisco Lupa Cayo, con quien habría tenido diferencias laborales. La víctima sobrevivió a pesar de haber tenido quemaduras en alrededor del 70% de su cuerpo. El 3 de septiembre de 2002 un tribunal de San Martín lo condenó a siete años de prisión, en el marco de la causa 632, conforme a la IPP 54.468 de la UFI 6 de ese departamento judicial.
Volviendo a la causa contra Martínez, hubo una situación escandalosa que permanece en la memoria de varios funcionarios judiciales y de algunos policías de los tribunales que se acercaron a ver qué pasaba cuando escucharon gritos. En esa oportunidad, García Furfaro mantuvo un fuerte contrapunto con el abogado Marcos Miguel, quien tiempo después abandonó la defensa del agresor. En los pasillos del Juzgado de Garantías, el padre de Nicolás le habría metido los dedos en los ojos al defensor para que sintiera lo que atravesó su hijo.
Como pudo, Miguel huyó de la escena, abandonó la mesa de entradas y buscó refugio en el interior del juzgado, señalaron a este medio. Varios funcionarios judiciales, entonces, se acercaron y se interpusieron entre ambos al advertir que García Furfaro estaba exaltado y pretendía seguir golpeándolo. “El hombre gritaba que en el Juzgado de Garantías estaban todos comprados. Además, decía que desde el juzgado se defendía al abogado Miguel porque había una especie de connivencia. Una locura. Todo muy bizarro. El pobre tipo había entrado como pudo, para ponerse a resguardo a los gritos porque este hombre le quería dar una paliza”, recordó un funcionario judicial que fue testigo de la gresca.
“No hubo denuncia, pero se puso tan agresivo que en un momento dado salió la jueza Marianela Tschifelly y le ordenó que no volviera a entrar nunca más al juzgado y que todo lo que tuviera que presentar lo hiciera por escrito”, reveló el vocero, al tiempo que concluyo: “La víctima, Nicolás, siempre se mantuvo en su lugar. El tema era el padre, se sacaba. La situación es entendible, pero las audiencias en el juzgado eran realmente imposibles”.
