Una vez más, como desde hace nueve años, los movimientos sociales, políticos, familiares y allegados de las víctimas recorrieron las calles de San Martín, en reclamo de justicia por la denominada Masacre de la Cárcova, ocurrida el 3 de febrero de 2011, cuando un operativo conjunto entre efectivos de la extinta Policía de Buenos Aires 2 y la Bonaerense acribillaron a balazos a Mauricio Ramos, de 17 años, y Franco Almirón, de 16, quienes se habían acercado a un tren descarrillado en la localidad de José León Suárez.
La movilización partió desde la estación de José León Suárez, poco después de las 17, y estuvo encabezada por el intendente de San Martín, Fernando Moreira; el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietraglia; el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno y el diputado nacional y referente de la Campaña Contra la Violencia Institucional, Leonardo Grosso.
La marcha culminó en La Cárcova, donde ocurrió el doble homicido y el intento de asesinato de Joaquín Romero, en ese entonces de 19, quien recibió dos disparos por la espalda. Aquella tarde, las víctimas iban a ver, como todos los días, qué podían rescatar de la quema del Ceamse, pero en el camino se toparon con los vagones descarrilados y se arrimaron para ver qué pasaba.
Inmediatamente después, la policía fue al lugar para prevenir un supuesto saqueo. Mientras un grupo de vecinos intentaba echar a los efectivos a piedrazos, estos respondieron primero con gases lacrimógenos y escopetazos con postas de goma y luego, con cartuchos con balas de plomo.
La causa llegó a juicio en 2014 y el Tribunal Oral en lo Criminal 2 (TOC 2) de San Martín condenó al subteniente Gustavo Vega a siete años de prisión y absolvió al agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 2 Gustavo Sebastián Rey por el beneficio de la duda.
Al año siguiente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia anuló la absolución de Rey, separó al TOC 2 y ordenó que se le realice un nuevo juicio para determinar su responsabilidad. Además, recalificó la condena a Vega -de tentativa de homicidio simple a calificado–, por lo que se elevó la pena a 15 años y 6 meses de prisión.
Al día de hoy, Vega no volvió a sentarse en el banquillo de los acusados y los jefes policiales responsables del operativo, Víctor Hualde, Amado Silva Marinone y Amilcar Pino, nunca fueron siquiera imputados por la Fiscalía General de San Martín, tal como lo solicitó en reiteradas oportunidades la querella, en manos de los abogados del CELS.
