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“Plan Nacional 3.000 jardines”, fue un programa del gobierno de Mauricio Macri que redundaría en la construcción de tres mil establecimientos de educación inicial. Las promesas de campaña en aquel entonces decían que el financiamiento saldría de lo ahorrado por la cancelación del Futbol Para Todos.
A mediados de mandato, el proyecto se redujo a 200 jardines de infantes. En el Oeste del Conurbano, debían construirse apenas nueve. Tal como publicó No Ficción en su momento, se trataba de cinco jardines proyectados para La Matanza, dos para Hurlingham, uno para Moreno y otro para Merlo. De los nueve, uno sólo fue inaugurado; el resto, algunos están próximos a terminarse y otros nunca se harán.
Lo cierto es que la promesa de Mauricio Macir de construir 10 mil salas que serían anexadas a los establecimientos ya existentes, luego fue desmentida por su propio ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quién apenas asumió en reemplazo de Esteban Bullrich, rechazó la iniciativa.
¿La explicación? No hay terrenos y no hay plata para los sueldos de los docentes. A raíz de la incumplida promesa, la diputada Margarita Stolbizer denunció en 2018 que a un año y medio del fin del mandato de Cambiemos sólo se inauguraron 14 jardines y el resto de las obras están paralizadas pese a registrarse la ejecución de partidas presupuestarias por más de 3.000 millones de pesos.
Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo archivó la causa, pero ahora la Oficina Anticorrupción (OA) pidió la reapertura porque hay muchos datos nuevos, detectados por la gestión del actual ministro Nicolás Trotta. Por ejemplo, sobreprecios: se llegaron a pagar 1.498 dólares el metro cuadrado, el doble que el valor de mercado.
Las irregularidades aparecen en dos etapas: la primera durante la gestión de Esteban Bullrich, las contrataciones controvertidas; y la segunda que tiene como principal apuntado al ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien en el oeste es conocido por ser ex candidato a intendente de La Matanza, opositor a Fernando Espinoza y principal referente de Cambiemos.
Según la denuncia presentada, los contratos fueron rescindidos por el incumplimiento, en una dudosa situación de “mutuo acuerdo” donde no se le reclamó nada a la UTE incumplidora.
La denuncia de la OA le pide al juez federal Ariel Lijo que investigue a Finocchiaro por los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (ya que sospecha que hubo interés de funcionarios en favorecer a una UTE específica) administración fraudulenta (perjudicar intereses que le son confiados) incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.
Además, los otros apuntados son Bullrich, el exsecretario de gestión educativa, Maximiliano Gulmanelli Barbiero y los exsubsecretarios de coordinación administrativa Félix Lacroze y Augusto José Araoz Reyes.
