Los trabajadores de la ex Comisión Nacional de Pensiones -nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Pensiones– se manifestaron abiertamente en contra de la posibilidad que el gobierno nacional avance con una serie de convenios con distintas universidades nacionales para que éstas lleven adelante los trámites de las personas con discapacidad. Los dirigentes del gremio apuntaron sobre todo a la Universidad Nacional de La Matanza, con quien la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) ya tendría avanzado y prácticamente cerrado un acuerdo.
“La ANDis es un invento del macrismo que hasta ahora este gobierno sigue sosteniendo. Hay versiones que nosotros volveríamos al Ministerio de Desarrollo Social a mediados de año, pero por ahora no hay nada concreto”, explicó a No Ficción Walter Pignataro, el secretario general de ATE Pensiones.
El gobierno de Mauricio Macri creó en 2017 la ANDis, cuya cabeza más visible era la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien vale recordar que una de las primeras medidas que tomó al asumir la presidencia del Senado fue echar a decenas de trabajadores discapacitados del Congreso. Una semana después, debió reincorporarlos porque habían sido contratados bajo el Programa de Formación e inserción Laboral.
Lo cierto es que la política de desinterés y desguace del sistema de pensiones fue una constante durante la gestión pasada que posó todas las miradas en los beneficios otorgados durante el kirchnerismo: hubo una baja masiva de pensiones no contributivas, se despidieron trabajadores que tramitaban los expedientes y cerraron decenas de Centros de Atención Local, que estaban situados estratégicamente en diferentes puntos del país y fueron reemplazados por la ANSES.
Al mismo tiempo, se cambió el criterio para obtener la pensión no contributiva. Desde ATE Pensiones, organizaciones de Derechos Humanos e instituciones que abordan la temática denunciaron que desde ese momento se comenzó a tomar una postura más biologisista, que humana de la cuestión. “Se perdió la mirada integrada de lo social, económico, geográfico e histórico del sujeto de derecho”, resumieron desde el gremio en uno de los comunicados que emitieron al respecto, en el que precisaron que al día de hoy hay 130.000 expedientes sin resolución y unas 3.000 personas que murieron esperando una respuesta.
“De esos 130.000 expedientes, 50.000 se encuentran demorados en el área de auditoría médica sumados a otros 30.000 que están a la espera de evaluación”, agregaron los trabajadores.
“Viejas recetas”
“Ahora pretenden realizar convenios con universidades lo cual significa repetir recetas que, como hemos comprobado, no dan los resultados esperados (pérdida de expedientes, falta de criterios a la hora de evaluar y repetición de tareas previamente realizadas en el organismo entre otros)”, puntualizaron los trabajadores, quienes entienden que sus tareas serían tercerizadas en “otros ámbitos, donde además, reina la precarización laboral (monotributo o pasantías), condenándonos una vez más al ostracismo y el ninguneo de nuestras capacidades”.
Pignataro recordó a este medio que en otras oportunidades las universidades ya habían sido convocadas para hacer este tipo de trabajos, pero el escenario era otro: “En el 2003 se había firmado un convenio con la Universidad Nacional de La Matanza, entre otras universidades, y se laburaba las 24 horas con la Comisión porque había expedientes atrasados desde hacía 10 años”. Es que durante el menemismo “se sacaba un expediente por otro: se daba una alta por una baja y eso había generado un retraso importante”.
“Ahora, la situación es diferente. Si bien con el macrismo hubo muchas bajas y falta de avance en los trámites, el retraso es de tres o cuatro años y el trabajo lo podemos sacar nosotros. Tenemos compañeros capacitados para sacar esos expedientes, pero desde la ANDis y ciertas universidades están desesperados en que esto salga. No nos parece justo que en plena emergencia económica se quiera avanzar con estos acuerdos”, aseguró Pignataro.
